El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Jesús Mejía dijo desconocer el origen de las acusaciones que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) hace en su contra en un informe en que esta entidad describe supuestos actos irregulares por más de 710 millones de lempiras mientras fungía en su cargo en esa entidad.
Mejía argumentó que la resolución que el CNA le adjudica, en la que se describe que la ENEE tuvo que indemnizar con la millonaria cifra a una proveedora de energía privada, fue anulada por Leonardo Deras, posterior gerente de la entidad.
“Me parece muy fuera de lugar. No sé a qué está jugando Gabriela Castellanos (directora del CNA), a través del CNA, con este ataque hacia mi persona”, dijo Mejía a HCH, en torno al informe presentado por la entidad anticorrupción.
“El responsable fue Leonardo Deras”, añadió. Mejía añadió que la indemnización se debió a decisiones durante la gerencia de Deras y no la suya.
Cuestionó qué motivó a Deras a supuestamente cancelar la resolución que, según Mejía, liberaba a la ENEE de los pagos a la empresa privada. Instó al CNA y a autoridades fiscales a indagar el informe.
“Siempre van a atacar a la figura más visible”, extendió Mejía. Por último, dijo no haber sido notificado sobre alguna denuncia en su contra en la Fiscalía. Mejía dejó su cargo en la ENEE en agosto de 2019.
EL INFORME
El informe, denominado “El exceso de poder del exgerente general que provocó un millonario perjuicio a la ENEE”, expone operaciones que habrían sido dirigidas por Mejí a lo interno de la entidad para provocar millonarias pérdidas en el manejo de los recursos asignados por el Estado.
El perjuicio económico que, según el CNA, habría provocado Mejía en la ENEE asciende a los 710 millones de lempiras. Las investigaciones del CNA indican, además, que Mejía habría rescindido, arbitrariamente, un contrato para la generación de energía eléctrica con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánica (NIE).
“Dicho contrato tendría una vigencia de 15 años, pero luego de desacuerdos y cruce de oficios, el 17 de diciembre de 2018, el exgerente ordenó dejarlo sin efecto, decisión que se basó en informes no vinculantes y que no fueron emitidos por la Dirección de Ingeniería de Transmisión, dependencia competente de dar una conclusión técnica”, expone una parte del informe.
El CNA añade en la línea investigativa que en 2020 una comisión interventora anuló la decisión tomada antes por Mejía. El organismo anticorrupción describe que la interventora en cuestión le dio la posibilidad a la empresa NIE de continuar con la ejecución del contrato, pero esta solo estaba interesada en ser indemnizada, lo cual recibió el rechazo de los miembros de la junta.
“NIE entabló un reclamo judicial en perjuicio de las finanzas de la cadavérica estatal eléctrica, por lo que el 15 de diciembre de 2021 se condenó al Estado de Honduras con el pago de la millonaria indemnización por daños y perjuicios”, manifiesta el CNA en el documento.
Según el CNA, la ENEE y NIE acordaron un plan de pagos para cumplir con el contrato. La primera operación fue el pago de una prima de 200 millones de lempiras, más otras ocho cuotas de 63 millones 750 mil lempiras, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, que completan 710 millones.
