Tegucigalpa, Honduras.

Por falta de votos y acompañamiento de los diputados de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), el proyecto de reforma a la Ley de Amnistía Política no será aprobado, confirmó el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé.

El decreto de reforma a la Ley de Amnistía Política fue presentado por los diputados del partido Salvador de Honduras (PSH) el 31 de mayo a la Secretaría del Congreso Nacional previo al periodo de receso.

El diputado de Libre Rasel Tomé manifestó que “los diputados tenemos iniciativa de ley y podemos todos los días presentar proyectos, pero para que esa iniciativa de ley sea aprobada se necesitan 65 votos, ocupan el respaldo”.

Declaró que “la bancada del partido Libre es la que propuso y fue respaldada para la aprobación de la amnistía”.

CONGRESO ANUNCIÓ REFORMA EL 24 DE MAYO

Tras una serie de cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad sobre la polémica Ley de Amnistía Política, esta sería sometida a reformas en el Congreso Nacional. Los sectores de la sociedad indican que la Ley de Amnistía Política favorece a los corruptos, es por ello que Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras, manifestó que hoy presentará en el Legislativo un proyecto de reforma.

“El cual es importante porque no se estableció en el decreto el concepto de delito político ni fue establecido qué delitos comunes eran conexos a delitos políticos”, dijo la congresista.

Señaló que “debido al tiempo de espera que ha tenido la reforma de la ley tomé la determinación de presentarlo. En la ley hay un vacío por el cual muchos se están aprovechando de él, los jueces están dejando en libertad a estas personas, que no están comprendidas dentro de una amnistía. Ellos como últimos intérpretes de la Constitución no deben anteponer una ley secundaria antes de la misma Constitución”.

Afirmó que a la legislación, que cuenta con siete artículos, le serán adicionados dos más. La ley fue aprobada el 4 de febrero por los diputados y tiene la finalidad de liberar a todas las personas que hayan sido objeto de persecución política desde la crisis política de 2009. Edmundo Orellana, ministro para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aseguró que “sí hay motivación política en muchos de los juicios que se han iniciado en contra de exfuncionarios, particularmente del Poder Ciudadano”.

“El decreto dice que los jueces deben conceder ese beneficio solamente cuando se haya acreditado que el proceso es políticamente motivado. Habrá que preguntarse si en los juicios que ha habido ese requisito se ha cumplido. Si no se ha cumplido, el problema lo tiene el fiscal por no haber impugnado la decisión y el juez por haberla emitido”, dijo.