Por falta jueces, se suspende audiencia inicial en caso denominado “Narcopolítica II”, que es una segunda línea en el caso de “Narcopolítica”, así lo dio a conocer el fiscal Juan Carlos Griffin.
Las acusaciones son en contra del exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Gómez Gavarrete; su exasistente, Iris María Sarmiento Ferreira; el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga y su representantes legal Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, así como a su hermana Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).
Las denuncias de “Narcopolítica I y II” se refieren al otorgamiento de contratos a INRIMAR, que aparentemente tenían como objetivo “realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro”.
De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), la empresa les favoreció con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras (L.68,326,690.55) y ahora se registraron otros 10 contratos por más de 47 millones de lempiras (L.50,786,654.12).
