Tegucigalpa, Honduras.

La nueva ley que obligará a los reos a trabajar para compensar la manutención que les da el Estado no solo abarca a los hombres, sino a las mujeres.

El presidente de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó los alcances del decreto denominado trabajo obligatorio para los privados de libertad y agregó que abarca a todos los presos (hombres y mujeres).

El decreto enviado por el Poder Ejecutivo será discutido después de Semana Santa.

“Queremos devolverle a la sociedad una persona nueva, trabajadora y útil. El trabajo obligatorio para todos los privados de libertad beneficiará el sistema penitenciario del país”, manifestó Zambrano.

Los trabajos que harán los reos no solo se enfocan en picar piedra, sino en otras labores como reforestación, fabricación de pupitres y pizarras, reciclaje, construcción y reconstrucción de infraestructura vial, fabricación de bloques, ladrillos, hacer zanjas y movimientos de arena.

“Hay un poco más de 15,000 personas recluidas, entre hombres y mujeres. Mensualmente, los gastos de alimentación suman unos 13.5 millones de lempiras y al año totalizan L162 millones. Es un impacto considerable en el comportamiento del gasto público nacional”, dijo.

El proyecto de decreto fue reforzado por el titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, quien dijo que la “holgazanería no es parte de la rehabilitación de ningún privado de libertad”.

Las recluidas en el Centro Femenino de Adaptación Social de Honduras (Cefas) también deberán realizar el trabajo obligatorio que se pretende aprobar en las próximas semanas.

Reacción

Al respecto, la diputada del Partido Liberal, Waldina Paz, aseguró que a pesar de que no conoce la ley, considera que el Estado debe preocuparse por rehabilitar a los privados de libertad creando mejores condiciones para ellos.

“Hay que capacitarlos y prepararlos para cuando adquieran la libertad, pero creo que picando piedra nadie se rehabilita”, afirmó Paz.

La legisladora considera que las actividades a las cuales serán enviados los reos a trabajar generarán más odio.

“Cualquiera que los vea en las carreteras o en las calles los humillará diciendo que por algo que hicieron están trabajando obligatoriamente. Creo que es suficiente castigo el impuesto por la pena cometida”, puntualizó.

Según el Ejecutivo, el trabajo obligatorio para los reos evitará la violencia interna y reducirá la criminalidad que se planifica desde los centros penitenciarios.

“Fortalecerá la disciplina para evitar abusos e irregularidades internas, generará beneficios para la salud física y emocional de los reclusos, revalorizará para mejorar la autoestima del privado de libertad y generará el hábito del trabajo”, explican en el decreto. La ley incluirá programas educativos con el objetivo de reformar a los presos y crear ciudadanos útiles para el Estado.