La denuncia pública presentada por Alejandra Bustillo contra Luis Redondo, actual titular del Congreso Nacional, por presunto incumplimiento en la manutención de su hija compartida, ha generado un debate sobre la respuesta de las autoridades locales.
Tanto el Ministerio Público (MP) como el Juzgado de la Familia no han informado sobre una investigación en el caso.
El MP argumenta que no tiene jurisdicción sobre asuntos de esta naturaleza, mientras que el Juzgado de la Familia aclaró que no actúa de oficio y que Bustillo debería presentar una demanda directamente para que sea considerada.
Esa respuesta por parte de las autoridades ha provocado la preocupación de diversas organizaciones de mujeres, quienes señalan que la denuncia contra Redondo, una figura política de alto rango, está siendo pasada por alto.
En respuesta, han solicitado la separación del cargo del político.
Honorina Rodríguez, miembro del Foro de Mujeres Políticas, enfatizó la obligación del Ministerio Público de abordar automáticamente casos de esta índole.
Protestó por la necesidad de establecer un precedente, especialmente cuando se trata de una figura pública con autoridad, y para enviar un mensaje contundente a aquellos padres que no cumplen con sus responsabilidades hacia sus hijos e hijas.
Cristina Alvarado, representante del Movimiento Visitación Padilla, expresó su incredulidad ante la aparente contradicción de Redondo, quien busca promover leyes para el país mientras evita responsabilidades personales. Además de solicitar la renuncia del congresista, instaron a la “coherencia e integridad” de Redondo.
Por otro lado, expertos en asuntos familiares señalaron que Redondo debería resolver este problema, ya sea en Honduras o en Estados Unidos, donde se encuentra el debate sobre la manutención de su hija.
