Para saber
La ONU y el Estado de Honduras entrarán en un proceso de negociación donde se elaborará el convenio final que tendrá todas las atribuciones.
Tegucigalpa. Una de las promesas de campaña de Xiomara Castro fue gestionar con Naciones Unidas la llegada de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).
En el discurso del oficialismo se ha vendido estableciendo que la Comisión podrá tener mayores capacidades que los de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero eso no podrá ser, o al menos eso es lo que se ha plasmado en la contrapropuesta que el Gobierno le entregó a la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde se rechaza la mayoría de facultades que el organismo internacional pretende para la Cicih.
Diversos sectores han considerado que lo que busca el mandato de Castro es una copia del modelo que implementó la OEA que fue desterrada del país en 2020.
“En Guatemala, la Cicig sí tenía dientes, y se suponía que un modelo similar iba a venir porque, si no es así, entonces es la misma Maccih”, criticó Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista.
En términos generales, los modelos son similares. El mecanismo que envió en 2016 la OEA se encargó de apoyar, fortalecer y colaborar con las instituciones del Estado encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, mientras la Cicih también podrá investigar casos; pero bajo la tutela del MP.
Otro punto en el que se parecen es que la facultad de emitir requerimientos fiscales seguirá estando bajo la Fiscalía, por lo que ambos mecanismos dependerán del MP para que sus casos lleguen a ser judicializados.
No obstante, en el Congreso Nacional dicen los directivos que hay anuencia en caso de que la Cicih quiera compartir esta facultad del Ministerio Público.
