El asesor de la presidenta Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, se ha referido al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos donde se refiere a la corrupción en Honduras y la Ley de Amnistía Política aprobada por el Congreso Nacional en febrero de 2022.
En la sección cuatro del documento, EE UU se refiere a la corrupción en el gobierno durante 2022 haciendo alusión que hubo diversos casos, sin ahondar a cuáles se refiere.
Zelaya Rosales aseguró que el informe del Departamento de Estado se da en respuesta a las relaciones diplomáticas que Honduras establecerá con la República Popular de China.
“Es un informe político del Departamento de Estado en respuesta al gobierno de Xiomara Castro, casi como reclamo de su política exterior ya que tiene más de un año ese decreto en el Congreso”, inició diciendo Zelaya.
Según plasma EE UU en su informe, “el Congreso Nacional aprobó una Ley de Amnistía retroactiva que absolvió a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09) de crímenes. Hasta octubre, al menos 24 acusados usaron la ley para tener corrupción casos desestimados”.
Zelaya defendió la amnistía y aseveró que EE UU no disimula al ser cómplice del golpe de Estado que se le dio en 2009.
“Esa resolución del Departamento de Estado no habla bien del papel de EE UU ni disimula que fue aval del golpe de Estado de 2009, ya que este decreto 2022 es a favor de las víctimas del golpe de Estado y molesta porque a sus defensores y autores”.
“Este decreto condena al golpe después de 12 años y permite la defensa de la persecución política de una narcodictadura que tuvo apoyo para su funcionamiento con tanto descaro”, agregó el político.
Para finalizar, el asesor dijo a este rotativo que tras el golpe, se otorgó amnistía a sus adversarios políticos que participaron en el derrocamiento, sin embargo, EE UU no dijo nada.
“Guardaron silencio sepulcral con la amnistía vigente que se dieron los golpistas en el Congreso Nacional después del 2009, pero ahora critican una ley que defiende los perseguidos del golpe, lo que los pone más en evidencia como cómplices ante el pueblo hondureño”.
El informe del Departamento de Estado es enmarcado en el 2022 y se asegura que “las autoridades -hondureñas- no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron participando en actividades corruptas, prácticas con impunidad”.
