El presidente Manuel Zelaya informó ayer en cadena nacional que formó una comisión para investigar el soborno que dio la empresa estadounidense LatiNode a funcionarios de Hondutel.
La comisión, según el acuerdo ejecutivo, la integran el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, la empresaria y ex presidenta del Cohep, Julieth Handal, el periodista Rodrigo Wong Arévalo y el fiscal Jari Dixon. Cabe mencionar que estos últimos tres son afines al gobernante Zelaya.
Ellos deberán entregar en un plazo no mayor de 30 días un informe sobre el escándalo de corrupción en Hondutel.
Para la investigación partirán de la confesión de culpabilidad que hizo la empresa LatiNode ante una Corte de Distrito de Florida. Los ejecutivos confesaron haber pagado más de 20 millones de lempiras a funcionarios de Hondutel, en primera instancia, para lograr el contrato de interconexión telefónica y, lo más grave, para rebajar ilegalmente la tarifa.
Esta rebaja supuso una multimillonaria pérdida para la estatal y una estafa para millones de hondureños que residen en Estados Unidos y que pagaban un valor 'irreal' por llamar a Honduras.
Cabe destacar que ninguno de los invitados a formar la comisión ad hoc tiene experiencia en el ramo de las telecomunicaciones.
Se supo anoche que el cardenal Rodríguez declinaría la invitación, aunque delegaría en una persona de su confianza. Tampoco tienen ninguna experiencia en telecomunicaciones los funcionarios de enlace con la comisión, es decir, Edmundo Orellana, actual ministro de Defensa; Rixi Moncada, gerenta de la Enee, aunque tampoco tiene experiencia en el ramo energético, y Eduardo Enrique Reina, secretario privado presidencial. Éstos fueron los tres funcionarios que viajaron con una legión de periodistas para buscar un bufete que demande a Otto Reich por 'calumnias' contra el presidente Zelaya. Diversos sectores han cuestionado que este viaje es ilegal y puede ser reparable porque la representación legal del Estado la tiene la Procuraduría General de la República.
La comisión tendrá por atribuciones investigar administrativamente los hechos acontecidos en el caso de LatiNode e investigar el tráfico gris de llamadas internacionales ejecutadas por empresas nacionales e internacionales.
