El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, advirtió en las últimas horas -a las personas que dirigen instituciones del Estado- que incurren en delitos si deniegan solicitudes de información pública.
“Cualquier autoridad incurre en responsabilidad penal o comete delitos si deniega información pública, propia de su institución, como ser los fondos de la Tasa de Seguridad”, aseguró Redondo en una serie de publicaciones en la red social Twitter.
“A todas aquellas personas que hayan hecho solicitudes de información de la Tasa de Seguridad antes de la derogación de la Ley de Secretos, lo único que tienen que hacer es volver a solicitarla después de la derogación”, añadió el titular del Parlamento hondureño.
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Explicó que a partir de ese momento (derogatoria) “ya no existe la Ley de Secretos”, tampoco existe ningún impedimento o prohibición para dar información de la Tasa de Seguridad Poblacional.
La reacción de Redondo, se da luego de que un medio de comunicación pidió información sobre la Tasa de Seguridad, tal solicitud fue denegada por la Comisión Técnica de Fideicomisos (CTF), la cual administra los fondos.
DEROGATORIA DE LEY DE SECRETOS
El Congreso Nacional derogó el pasado 1 de marzo -por unanimidad de votos- la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional después de convertirse en una herramienta para ocultar la información.
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Con la derogación, el Legislativo y organismos de sociedad, civil esperan que desmonte el blindaje que impedía la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. En aquel entonces, Luis Redondo, dijo que “la Ley de Secretos fue el amparo de los que cometían actos de corrupción descarada en Honduras”.
La Ley de Secretos Oficiales, aprobada el 24 de enero de 2014, facultaba al presidente y jefes de instituciones centralizadas y descentralizadas a clasificar la información oficial como “reservada” o “confidencial” durante cinco años y diez años, respectivamente, según la información oficial.
También podía clasificarla como información “secreta” y “ultrasecreta”, lo que permitía prohibir su publicación durante 15 o 25 años, según esa ley, que era rechazada por diversos sectores en Honduras.
