El vicecanciller en Asuntos Consulares y Migratorios, Tony García, así como el ministro de la Secretaría de Seguridad, Ramón Sabillón, informaron esta mañana sobre los delitos que forman parte de la acusación sostenida por parte de la justicia estadounidense y por la cual solicitan la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Según se conoció, tráfico de armas, influencia en el crimen organizado y narcotráfico son los delitos que se le señalan al exmandatario hondureño desde los Estados Unidos.
“Mientras la CSJ nombra juez natural y emite orden de capura o se entrega, el Poder Ejecutivo de manera diligente y preventiva cerca la casa de Juan Orlando Hernández con efectivos de la Policía Nacional. Nadie está por encima de la ley”, escribió Tony García en horas tempranas a través de sus redes sociales.
“No he tenido contacto directo con él, únicamente la dirección de la Policía para verificar que todo se lleve a cabo de acuerdo con la operatividad. Aquí cabe que sus abogados le aconsejen entregarlo y estamos listos para efectuar el procedimiento si así lo desean, caso contrario es la detención”, manifestó esta mañana Ramón Sabillón.
“Los delitos están relacionados con tráfico de armas, vinculación con el crimen organizado y la introducción de cocaína a los Estados Unidos, y no es cinco kilos, es una cantidad fuerte, considerable, además de otro de tipo jurídico que no recuerdo en este momento”, agregó Sabillón.
El secretario de Seguridad confirmó que el exmandatario se encuentra en su vivienda en la colonia San Ignacio, de Tegucigalpa, con su esposa Ana García, sus hijos y su equipo de abogados.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras designará este martes al juez que deberá resolver la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra el expresidente. A esos efectos, la presidencia de la CSJ convocó de manera urgente a los magistrados a sesión del pleno.
Después de que la Cancillería hondureña informara anoche en la red social Twitter de que había remitido a la Corte Suprema de Justicia una petición formal de arresto provisional “de un político hondureño” con fines de extradición, agentes de las fuerzas de seguridad se apostaron en los alrededores de la casa de Hernández.
El expresidente divulgó un audio en el que mandó un mensaje a todos los que lo “han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. No es un momento fácil, a nadie se lo deseo”.
“La Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento en que el juez natural, que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme”, añadió.
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El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, denunció que su representado estaba siendo objeto de “atropellos” al ser rodeada su vivienda por el cordón policial, impidiendo el acceso de sus asesores.
Decenas de personas llegaron con pancartas para celebrar frente su residencia. En tanto, en otras ciudades del país hubo gente que salió a las calles con altoparlantes que emitían a todo volumen con una pegajosa canción que versaba “Juancho va para Nueva York”, según videos que circularon en redes sociales.
El abogado Félix Avila, quien se identificó como miembro de la defensa de Hernández, dijo en un video esperar que el juez que sea designado tome “las decisiones conforme a lo que establece la Constitución” sobre las extradiciones”.
Tras entregar el poder, Hernández, conocido por sus iniciales JOH, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.
Pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, varios analistas señalan que carece de ese privilegio porque no goza de ese beneficio en Honduras. En cualquier caso, los estatutos de la asamblea regional indican que “a solicitud de las autoridades competentes del país”, el Parlacen “podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados”.
Las autoridades estadounidenses anunciaron la semana pasada la cancelación del visado de entrada al país a Hernández por su presunta vinculación con actos significativos de “corrupción y narcotráfico”.
Fiscales de Nueva York señalaron a Juan Orlando Hernández de tener lazos con el narcotráfico durante el juicio contra su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, quien fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua y 30 años más de cárcel por delitos similares.
Fiscales estadounidenses se refirieron al exgobernante como “co-conspirador” y afirmaron que convirtió a Honduras en “narcoestado”.
Hernández afirma que Estados Unidos lo señala en base a “declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que fueron extraditados por su gobierno.
Al asistir a la investidura de Xiomara Castro, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, saludó el compromiso de la nueva gobernante para combatir la corrupción y la impunidad.
Castro prometió desmantelar leyes aprobadas durante el gobierno de Hernández que disminuyeron las penas por delitos de narcotráfico y corrupción.
