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Lobo Sosa nombrará a nuevos depuradores de la policía hondureña

  • 23 abril 2013 /

Omar Menjívar Rosales sería el sustituto de Eduardo Villanueva, revela Marvin Ponce.

Lo tenía previsto ayer, pero será hasta hoy que se conozcan los nombres de los nuevos titulares de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, aseguró ayer en conferencia de prensa que era cuestión de horas la permanencia de Eduardo Villanueva al frente de la DIECP.

El titular del Legislativo había anunciado en horas de la mañana que en el encuentro del Consejo de Defensa y Seguridad -adonde participaron las máximas autoridades de seguridad del país- se estaría tomando la determinación de hacer los nuevos nombramientos para que este día se presenten ante el pleno del Congreso Nacional, después de ser oficializados por el presidente Lobo Sosa.

La determinación de separar a
Villanueva de la DIECP, al igual que al director adjunto, Mario Chinchilla, se debe a la poca eficiencia al frente de la institución.

La semana anterior, Hernández expresó que había solicitado al presidente de la República que se tuvieran los candidatos de la DIECP porque la certificación de los policías “es sumamente importante”.

Barajan nombres

El vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, anunció la salida de los dos funcionarios de la DIECP y se atrevió a decir que el abogado Omar Menjívar Rosales -a quien definió como udeísta- sustituye en el cargo a Eduardo Villanueva.

Menjívar Rosales es profesional del derecho, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), y ha tenido una larga trayectoria dentro del Ministerio Público (MP) como fiscal por espacio de varios años.

“Omar Menjívar fue coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y se ha destacado por sus luchas gremialistas, y ahora tendrá la responsabilidad histórica de impulsar la depuración policial”, sostuvo Ponce.
Comparecencia

Hace dos semanas, Eduardo Villanueva presentó un informe ante el pleno del Congreso Nacional, al igual que los representantes de las instituciones operadoras de justicia. En el informe, Villanueva dejó claro las lagunas en la ley para depurar la Policía, lagunas que hasta el mismo gobernante y el ministro Pompeyo Bonilla han reconocido.
Además, puso al descubierto la falta de apoyo económico y la incapacidad de la Secretaría de Seguridad de hacer los despidos de al menos 230 agentes con resoluciones para su separación.

De estas resoluciones, Seguridad solo logró despedir a siete policías.

Tras estas explicaciones, la Comisión Especial recomendó en su informe “improbar” la conducta del titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Eduardo Villanueva, y del fiscal general, Luis Rubí.

Razones de su salida

En cuanto al titular de la DIECP, en el informe de la comisión se estableció que cometió una “falta grave” en el cumplimiento de la ley al haber delegado al director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, la función de decidir a quiénes se les aplicarían las pruebas de confianza.

Los legisladores aparentaron ser ignorantes de las condiciones en que trabaja la DIECP, institución que ni siquiera ha recibido el presupuesto correspondiente, al extremo de adeudar varios meses de renta por el edificio que ocupan.

Además, los diputados se en teraron del fracaso de la depuración, pese a que ya se había revelado en marzo pasado que solo siete policías habían sido separados durante el largo proceso

También desconocían que la Secretaría de Seguridad aprobó ascensos y nuevos cargos para oficiales aplazados en las pruebas de confianza.

Los diputados -curiosamente- no improbaron la conducta del ministro de Seguridad ni del director de la Policía Juan Carlos Bonilla. Esto pese al fracaso en materia de investigación, prevención y rehabilitación de reos en las cárceles.

Los diputados no explicaron por qué no se improbó la conducta de estos funcionarios, a pesar de que en el país se reportan 22,300 homicidios en tres años de gestión, la investigación criminal es un fracaso (80% de los casos ni siquiera se investigan) y se ascendió y dio nuevos cargos a policías aplazados en el polígrafo y en otras pruebas de confianza. Las evaluaciones de los operadores de justicia decidió hacerlas el Congreso Nacional casi al final del gobierno.

Inseguridad hace crecer emigración a Costa Rica

La ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, viajará a Costa Rica para explicar por qué razones decenas de hondureños huyen del país.

Según la información que publica el sitio digital la información.com, la funcionara estará en ese país centroamericano hoy y mañana.

Llega a Costa Rica atendiendo una invitación que le giró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Durante el encuentro se analizarán las causas por las cuales muchos hondureños buscan, incluso Costa Rica, como opción de país para su desplazamiento.

Los funcionarios de Acnur aseguran que en los últimos meses se han aumentado las solicitudes de la condición de refugiado de personas provenientes de Honduras. Las estadísticas oficiales indican que una de cada cuatro solicitudes de refugio que tramita el Estado costarricense corresponde a un centroamericano (salvadoreños, hondureños y guatemaltecos).

Pobres resultados en contra

Los resultados obtenidos por la DIECP en el proceso de depuración policial están entre los factores para cambiar a los titulares de dicha dependencia.

En el proceso de depuración solo se aplicaron 400 pruebas de polígrafo, en las cuales 150 elementos resultaron aplazados, por lo que debieron ser despedidos.

Otras 334 pruebas de polígrafo se aplicaron fuera del decreto de emergencia para totalizar 774.

En un inicio, la DIECP envió una lista de 33 oficiales a la Secretaría de Seguridad para que fueran despedidos y luego emitió otras 117 resoluciones para que fueran dados de baja, con lo que sumaban 150 peticiones de despidos. En total se enviaron 230 requerimientos a la Secretaría de Seguridad.

Las pruebas de confianza integrales, consistentes en poligráfica, toxicológica, psicométrica y socieconómicas se comenzaron a aplicar el 27 de junio de 2012 y luego se hicieron tres jornadas de evaluación más, siendo la última la de 13 de agosto del año 2012.