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Liberales no conocen proyecto del plebiscito

  • Actualizado: 10 diciembre 2012 /

Jefes de bancadas fueron convocados para este día, pero desconocen agenda que tratarán en sesiones.

Dirigentes políticos de oposición se expresaron ayer con reservas sobre el verdadero interés del Ejecutivo y el presidente del Congreso Nacional de Honduras en aprobar a rajatabla en las sesiones de esta semana la ley que reglamentará los procesos de consulta ciudadana.

En un horario inusual, el Congreso realizará una conferencia de prensa para explicar el nuevo proyecto que será introducido al plenario a las 2:00 pm sobre la norma que regulará la aplicación del plebiscito, el referéndum y la iniciativa de ley ciudadana.

Las tres figuras aparecen en la Constitución de la República como mecanismos de consulta sobre temas de interés nacional. Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, aseguró que el dictamen debe ser aprobado antes de que finalice la presente legislatura, ya que se trata de una ley que requiere la mayoría calificada.

La pregunta... El asesor del Congreso Nacional, Eval Díaz, ha manifestado que de aprobarse esta ley, en noviembre del próximo año, con motivo de las elecciones generales, el pueblo estaría asistiendo al primer plebiscito o referéndum nacional.

¿Por qué la prisa de aprobar esta ley en una apretada agenda del Legislativo hondureño en la que se incluye la Ley de Presupuesto del próximo año? A esta interrogante han respondido líderes políticos de oposición. Yuri Sabas, diputado liberal por Choluteca, afirma que la bancada liberal desconoce este nuevo proyecto que se anuncia y que habrá de pronunciarse sobre el mismo cuando se tenga conocimiento de los términos en que ha sido redactado.

Sabas precisó que el reglamento de la reforma del Artículo 5 de la Constitución de Honduras requiere dejar claro en esa ley, en primer lugar, que no podrán hacerse consultas para darle el tiro de gracia a la Constitución de la República y convocar a una Constituyente; en segundo lugar se debe definir con claridad cuáles son los temas nacionales objeto de consulta y, en ese sentido, tiene que quedar definida la temática.

No obstante, el congresista subrayó que en la pasada campaña electoral recorrió todos los municipios de Choluteca y la gente no está solicitando que se reglamente el artículo 5; la gente está solicitando que haya trabajo y comida en las comunidades, que la escuela esté en buenas condiciones, que sea dotada de pupitres y que los maestros impartan los 200 días de clase. La gente no está pidiendo que se le pregunte, sino que se le dé respuesta de “por qué no hay medicinas en los hospitales. El pueblo no está pidiendo reformas constitucionales”, subrayó Sabas.

El pueblo no tiene qué comerJosé Alfredo Saavedra, jefe de la bancada liberal, sostiene que el Congreso Nacional debe ocuparse de otros asuntos de mayor urgencia para el pueblo hondureño. “No creo que en este momento sea tan importante aprobar la ley que regulará el plebiscito y el referéndum si hemos estado casi tres años sin tomar una resolución al respecto”, dijo Saavedra.

Indicó que en este momento de crisis económica la gente no tiene qué comer, vive en incertidumbre sobre lo que va a pasar mañana, si habrá trabajo para miles de jóvenes que han egresado de la secundaria, si el jovencito que salió de la escuela primaria proseguirá sus estudios secundarios.

Estos son los problemas que la gente quiera que se le resuelvan, pero al parecer estos asuntos no están en la agenda del Congreso Nacional, lamentó el diputado liberal. Afirmó que los jefes de bancada fueron convocados para este lunes, pero no se ha definido la agenda que se tratará en las sesiones. “Sabemos por los medios de comunicación que está contemplada la aprobación del Presupuesto de 2013, pero los diputados hasta ahora desconocemos el dictamen”.

Hay dudas por número de preguntas a formular

De acuerdo con las normas del plebiscito y el referéndum y la iniciativa de ley ciudadana, la población avalada por tres mil firmas, al menos 10 diputados, o el Presidente de la República le propondrán al Congreso los temas que se consultarán mediante estos métodos. Por muy buenas que sean las intenciones que tengan algunos políticos de democratizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, diputados de los partidos de oposición procuran que el reglamento defina normas y procedimientos para que estas figuras de consulta no sean manipuladas por los grupos en el poder ni su realización quede a expensas de la voluntad o no del presidente del Congreso. Ha surgido la polémica en torno al número de preguntas que se formularán.

En primer lugar porque ese aspecto tiene que quedar claramente definido en la ley que será aprobada esta semana, considera Ramón Velásquez Názar, vicepresidente del Congreso.Este es un tema abierto a la discusión.Las autoridades del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional han esgrimido que urge aprobar la Ley del Plebiscito para preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo con la depuración de la Policía.

“Recurrir a consulta es innecesario por ahora”

El analista y sociólogo Julio Navarro consideró ayer “innecesario” recurrir a las figuras del plebiscito y el referéndum para consultar a los hondureños sobre el proceso de depuración de la Policía Nacional. Navarro sostuvo que en el fondo el Ejecutivo y Legislativo están “preparándose” para resolver cualquier crisis política que podría surgir durante los próximos meses en Honduras.

“Mire, para eso (depuración policial) es totalmente innecesario. Me parece que ahorita que están reviviendo el plebiscito y el referéndum es preparándose para resolver cualquier crisis política que se pueda dar en los próximos meses”, dijo. El analista advirtió que con la reglamentación del plebiscito y referéndum se busca amedrentar a la Corte Suprema de Justicia, que por medio de la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley Especial para la Depuración Policial.“Si usted le va a preguntar a la gente si está de acuerdo o no con la depuración de la Policía, de hecho van a decir que sí. Entonces creo que eso es un poco para amedrentar a la Corte Suprema de Justicia y hacerle ver que cualquier conflicto entre los poderes del Estado puede resolverse con una consulta de la población”.