La Ley del Juicio Político escaló ayer el primer peldaño en el Congreso Nacional.
La ley especial fue aprobada ayer en primer debate y contempla en su punto toral que para la destitución de un funcionario público sometido a juicio político se necesitará el voto de las tres cuartas partes de los miembros del Congreso Nacional.
El juicio político será aplicado al presidente de la República y designados presidenciales, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano (Parlacen), a las Corporaciones Municipales y a todos los funcionarios electos por el Congreso Nacional.
El dictamen de la Ley del Juicio Político fue preparado en menos de 24 horas, ya que el proyecto fue presentado el lunes al mediodía.
Este instrumento será aprobado en tres debates, anunció el presidente de la comisión dictaminadora, Mario Pérez. Se espera que su discusión culmine esta semana. Lo que se discute es una ley secundaria que regulará la aplicación de la figura del juicio político, consignada en el artículo 234 de la Constitución de la República. Será aplicado a los funcionarios del Estado que cometan faltas graves o pongan en peligro el orden constitucional.
De acuerdo con el dictamen, el juicio político representará una salida institucional para situaciones de grave conmoción social o política, y fue una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Con la Ley del Juicio Político se abre la puerta a cualquier ciudadano en el seno del Congreso Nacional para que pueda hacer uso de su derecho de solicitar la destitución de los servidores públicos, establecidos en el artículo 234 de la Constitución de la República, por supuesto, llenando los requerimientos que la ley estipula, dice la exposición de motivos.
