El gobierno de Honduras ordenó el decomiso de armas a motociclistas, aunque quienes las anden presenten el permiso de portación correspondiente.
En cadena nacional de radio y televisión, el Poder Ejecutivo confirmó ayer las regulaciones temporales que entran en vigor desde la fecha y finalizan en seis meses.
La medida se enmarca en las nuevas resoluciones adoptadas con el objetivo de combatir la ola de violencia que azota Honduras.
Entre otras disposiciones se anuncia que al aplicar la Ley de Portación de Armas será castigado con una pena de ocho a diez años cualquier ciudadano que porte, fabrique, almacene, transporte, use, trafique, adquiera, suministre, venda, ingrese o saque del país armas, municiones, explosivos o material de guerra o combate, incluyendo armas de grueso calibre.
En cualquiera de estos casos, el acusado no gozará del derecho a ser juzgado en libertad, recordó el Gobierno.
En el documento, el Ejecutivo señala que con apoyo de países amigos que han ofrecido de manera inmediata su experiencia y recursos tecnológicos, entre ellos, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, Corea, Japón y los países que integran el G-16, trabajará en más acciones que permitan doblegar a las organizaciones criminales que han estado actuando libremente durante todos estos años.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, sancionó la semana pasada el decreto legislativo mediante el cual se prohíbe que dos adultos de sexo masculino se transporten en motocicleta.
El mismo Lobo confirmó que está permitido un segundo pasajero de sexo femenino o niños menores de 12 años.
Un grupo de motociclistas se manifestó en contra de la medida y acordó presionar al Gobierno con bloqueo de las principales vías públicas de la capital de Honduras en horas de mayor congestionamiento.
Asimismo, el Gobierno recordó que el Congreso Nacional aprobó la ley para la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, creado mediante el artículo 287 constitucional.
Añade que ese consejo lo integran el Presidente de la República; los titulares del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia; el Fiscal General del Estado y los ministros de Seguridad y de Defensa Nacional.
Explicó que de ese órgano dependerá la Ley de Escuchas Telefónicas, todo “por lo delicado del proceso de aplicación”.
El mismo presidente Porfirio Lobo confirmó que está Ver más noticias relacionadas
