Tegucigalpa, Honduras
El juzgado en materia penal dictó este viernes auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el comisionado general Leonel Luciano Sauceda y su esposa Patricia Esbetlana Estrada Pacheco por el delito de lavado de activos.
Con una hora de retraso comenzó la audiencia inicial programada para el comisionado general Leonel Luciano Sauceda y su esposa Patricia Esbetlana Estrada Pacheco, ambos acusados por la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF-Adpol) por el delito de lavado de activos.
Tanto la Fiscalía como la defensa de los acusados presentaron las pruebas documentales, pericias financieras y testificales ante el juez con jurisdicción nacional que conoce el caso.
La Fiscalía, a través de los informes financieros preparados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rastreó los movimientos efectuados por la pareja desde enero de 2006 a diciembre de 2017.
Además de cartas de ventas y certificaciones que emitieron alcaldías y que al ser cotejadas se comprobó que fueron adulteradas, según la Fiscalía.
Mientras, la defensa presentó a varios testigos para desvanecer las acusaciones. Leonel Sauceda rindió su declaración ante el juez en la audiencia para explicar que los dineros en los que encontró incongruencias la Fiscalía fueron producto de su trabajo de más de 30 años dentro de la institución policial y también de préstamos, los que adquirió en la banca nacional y en el Instituto de Previsión Militar (IPM).
El proceso
Tras 11 años de investigaciones, la UF-Adpol presentó el requerimiento fiscal ante el juez con jurisdicción nacional el pasado 10 de febrero, girando la orden de captura que se hizo efectiva el martes 11 de febrero.Sauceda Guifarro no ha podido justificar 13.8 millones de lempiras, que incluye movimientos en 13 cuentas bancarias, según las investigaciones del Ministerio Público.
Mientras que su esposa no pudo justificar 2.7 millones. En este proceso la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) le aseguró una serie de bienes, supuestamente de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos vehículos y 23 corresponden a productos financieros, propiedad de los imputados.
De estos bienes, tres son terrenos ubicados en la aldea El Terrero en el municipio de Olanchito, Yoro, con una extensión de cien manzanas de tierra.
Varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad, se informó, comparecieron ayer para clarificar cómo fue que el oficial de Policía obtuvo algunos de los dineros que aparecen como no justificables en la acusación que les fue formulada. El lavado de activos forma parte de los 21 delitos en los que no puede aplicarse una medida distinta a la prisión preventiva y anoche se manejó que a ambos el juez podría decretarles auto de formal procesamiento.
César Bonilla, defensor de los dos acusados, dijo que demostraría la inocencia de sus dos representados y que durante el proceso de investigación presentó las evidencias a la Fiscalía, pero pese a que desvanecieron los hechos, no entendieron por qué les libraron el requerimiento si siempre justificó el origen de los fondos.
