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La SIP exhorta a cesar las restricciones al acceso a la información

Esas restricciones generan “falta de transparencia, lo cual es contrario a los principios democráticos sobre rendición de cuentas de un Estado”, dice la SIP.

Miami, Estados Unidos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó a 17 países el continente, incluidos Estados Unidos y Canadá, a cesar las restricciones al acceso a la información, que son “una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información”.

El llamamiento forma parte de una resolución aprobada al término de la 77 Asamblea General de la SIP, que se celebró en formato virtual desde el martes pasado, y está dirigido a las autoridades de Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

Esas restricciones generan “falta de transparencia, lo cual es contrario a los principios democráticos sobre rendición de cuentas de un Estado”, dice la SIP.

La resolución indica también que “en muchas ocasiones la información obtenida de oficinas públicas por medios, periodistas y ciudadanos en estos países, son versiones adulteradas, discrecionales y arbitrarias, difíciles de corroborar”.

La SIP se dirige a cada uno de los 17 gobiernos para indicar dónde está el problema a subsanar.

Respecto a Bolivia se menciona un proyecto de ley que otorga a un ente gubernamental la facultad para decidir qué datos pueden o no divulgarse, infringiendo el artículo 21 de la Constitución.

”En Canadá continúan severos controles y restricciones para los periodistas que cubren temas de salud pública y la gestión del gobierno para enfrentar la pandemia” y en Chile, “argumentando razones sanitarias, se restringió el acceso de los medios a los debates y a la sede de la Convención Constitucional”.

Sobre Costa Rica dice que “ministros y funcionarios se niegan a dar declaraciones sobre temas de interés público” y respecto a Cuba que el “acceso a la información sigue estando limitado como parte del monopolio estatal comunicacional”.

INFORMACIÓN RESERVADA

En Ecuador se negó a periodistas de El Universo acceso a información en la Contraloría General del Estado sobre declaraciones patrimoniales de funcionarios y en El Salvador el gobierno designa como “reservada” información sobre asuntos públicos cuestionados por posibles irregularidades y corrupción.

Además, la Asamblea Legislativa salvadoreña se propone estudiar 11 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para clasificar como secreta y/o reservada la información sobre enriquecimiento ilícito y salarios de empleados públicos e imponer sanciones a toda persona que la incumpla.

La resolución menciona sobre EE.UU. que solo se permitió a reporteros británicos preguntar al primer ministro británico Boris Johnson en su visita a Washington; y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, limitó solo para periodistas de la cadena Fox News la cobertura de firma de una controvertida ley electoral.

En Guatemala el Gobierno recurre a la estrategia de “información confidencial” para ignorar las solicitudes de información de la prensa, restringiendo el libre acceso a la información pública, derecho recogido en el artículo 35 de la Constitución.

El Poder Ejecutivo de Honduras sigue sin dar respuesta a una petición para reformar una ley de 2014, la cual denomina como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta la información de más de 20 ministerios y entidades de gobierno.

En Nicaragua se ignora la Ley de Acceso a la Información Pública, de 2007, y no se atienden las solicitudes de información.

Además, en el marco de la pandemia de la covid-19, el Gobierno nicaragüense canceló más de 24 personerías jurídicas, en su mayoría de organizaciones médicas, principales fuentes de información para la prensa.

En Panamá los funcionarios no cumplen con la Ley de Transparencia y el Ministerio de la Presidencia aprobó la Resolución 71 que declara información de acceso restringido por 10 años a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente.

Varias instituciones estatales de Paraguay se niegan a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública e incluso algunas buscan su derogación, mientras que en Perú se le niega el acceso a la información a medios privados, a los que se les ha impedido el ingreso a ceremonias oficiales.

En Puerto Rico los medios, periodistas y ciudadanos se han visto obligados a recurrir a la justicia para que las agencias públicas y entidades del gobierno divulguen información pública y en Trinidad y Tobago continúan los retrasos para responder a solicitudes de información al amparo de la Ley de Libertad de Información.

La SIP recuerda en la resolución el Principio 3 de la Declaración de Chapultepec: “Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público”.

Además de rechazar las restricciones al acceso a la información, la SIP exhorta a los países de las Américas que restringen las leyes de acceso a la información pública y/o derechos constitucionales a “suspender esas prácticas, desmantelar la cultura del secreto y abstenerse de obstaculizar y restringir el trabajo de la prensa”. EFE