Los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz y Gustavo Enrique Bustillo, destituidos por el Congreso Nacional de Honduras en una sesión en la madrugada del miércoles, revelaron detalles sobre los fallos de inconstitucionalidad emitidos contra varios proyectos del Legislativo y el Ejecutivo que dieron pie a su sustitución.
'La Sala de lo Constitucionalidad no se ha opuesto a la depuración policial, lo único que hemos hecho es cumplirle a la Patria', dijo Gutiérrez Navas.
Por su parte, la exmagistrada Rosalinda Cruz, explicó que los fallos de inconstitucionalidad emitidos por la Sala, al no lograr los cinco fallos a favor o en contra por parte de los magistrados, fueron determinadas por el pleno de la Corte Suprema.
'En el caso del fallo de la ley de depuración de la policía ni siquiera es una sentencia firme porque no había llegado al pleno. El Congreso, para evitar que fuera declarada inconstitucional en la sesión que estaba programada para ayer miércoles, se apresuró por lo que nosotros hemos manifestado y nos removió del cargo'.
Cruz agregó que los mismos recurrentes del recurso dicen que 'las reformas contenidas en los decretos legislativos indicados 'establecen mecanismos expeditos pero violatorios a las garantías fundamentales establecidas en nuestra Constitución para cancelar a miembros policiales con el fin de realizar un proceso de depuración policial que tenga un impacto sensible en la seguridad nacional'.
Agregó que 'como ciudadanos hondureños compartimos esa aspiración loable de depurar la policía porque estamos preocupados por el tema, pero como Sala de lo Constitucional al analizarlo debidamente encontramos que hay una violación a las garantías constitucionales porque se suspendió el debido proceso, el derecho a ser escuchado, el derecho a la defensa, a contar con una defensa. No estamos contra las pruebas que se puedan practicar a estos policías, pero deben ser dentro de un marco regulado'.
Explicó además que el Código de Procedimiento Penal en el artículo 101, numeral 7 establece que 'el imputado no puede ser sometido a técnicas o métodos que alteren sus capacidades de conocimiento y comprensión del alcance de sus actos o su libre voluntad tales como amenazas, violencia corporal o psiquica, maltratos, torturas o aplicación de psicofármacos, hipnosis y polígrafo o detector de mentiras'.
'Eso quiere decir que el decreto de la depuración de la policía estaba reformando un artículo del Código de Procedimientos lo cual debió haber sido consultado a la Corte Suprema de Justicia', dijo Cruz.
Sobre la determinación dle único magistrado que estuvo a favor del decreto y que no fue destituido, Óscar Chinchilla, también expresó en su dictamen que el polígrafo 'vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución' y en el derecho internacional.
Los magistrados recalcaron que lo hecho por el Congreso es inconstitucional y pidieron al presidente de ese poder del Estado, Juan Orlando Hernández,
ser respetuoso al acusarlos de 'manera muy peligrosa' de estar coluídos junto a jueces y fiscales con el crimen organizado.
Además resaltaron que acudirán a las instancias nacionales e internacionales ya que su destitución fue ilegal. 'Esto es un atropello no sólo a los cuatro magistrado y a la institucionalidad del Estado de Honduras y les pido a los otros poderes del Estado que rectifiquen porque los ojos de la comunidad internacional y del mundo saben lo que está pasando en Honduras. No alarguen esto, restituyannos y eviten ese yerro sino vamos a agotar las instancias nacionales y sino vamos a ir a las instancias internacionales'.
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