Tras conocer la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras por parte del Congreso, magistrados costarricenses emitieron un comunicado en el que advierten que tal acto socava el Estado de Derecho.
Esta es la declaración:
'Uno de los componentes de la separación de los poderes públicos medulares en un régimen democrático es la garantía de la independencia de los jueces, más aún de los constitucionales.
El ejercicio autónomo de la función jurisdiccional debe ser defendido por el Estado tanto en su formas institucionales asistemáticas, así como también en la persona de cada juez.
El artículo primero de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de Naciones Unidas, resoluciones 40-32 del 29 de noviembre de 1985 y 40-146 de 13 de diciembre de 1985 establece que la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país.
Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó categóricamente en su sentencia del 31 de enero de 2001 -magistrados del Tribunal Constitucional versus Perú- que es necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho, y en especial la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento.
Pretender traducir un supuesto dicenso con la decisiones jurisdiccionales en la destitución de las autoridades de ese orden equivale a socavar las bases del Estado de Derecho.
En razón de lo anterior expresamos nuestro apoyo a los destituidos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras, así como nuestra preocupación por el sistema democrático, la independencia de poderes y el Estado de Derecho'.
