Tegucigalpa, Honduras.
La depuración policial ha sido un proceso altamente costoso para los hondureños, pero con magros resultados a juzgar por la millonaria inversión hecha por el Estado de Honduras en los últimos cinco años frente a los pocos policías que abandonaron la institución por la comisión de actos reñidos con la ley.
Desde el año 2012 a la fecha, el Congreso Nacional asignó a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) un presupuesto global de 233.3 millones de lempiras, de los cuales únicamente se ejecutaron 125.6 millones.
Para el ejercicio fiscal de 2016, el Poder Legislativo le asignó al órgano depurador 52.7 millones de lempiras, de los que hasta febrero pasado se habían ejecutado 8.5 millones, según informaron sus autoridades.
Los expulsados
En un informe de monitoreo y seguimiento de casos que recién esta semana sacó a luz la DIECP se establece que al menos 1,693 agentes y oficiales de mediano y alto rango reprobaron las pruebas del polígrafo y toxicológicas entre los años 2012 y 2015.
De ese número se emitió resolución vinculante a la Secretaría de Seguridad estableciendo que 613 de ellos no reunían los “requisitos de idoneidad y la conducta apropiada” para el correcto desempeño de su cargo y su continuidad en la fuerza policial.
Sin embargo, un seguimiento que se hizo de cada uno de estos casos permitió descubrir que solamente a 273 de ellos se les entregó su baja , mientras los restantes 340 reprobados continúan laborando dentro de la Policía.
Cabe mencionar que en este grupo de policías no aptos para el servicio había seis comisionados, de los cuales cinco ya salieron de la institución y uno sigue activo en las filas policiales.
La depuración policial ha sido un proceso altamente costoso para los hondureños, pero con magros resultados a juzgar por la millonaria inversión hecha por el Estado de Honduras en los últimos cinco años frente a los pocos policías que abandonaron la institución por la comisión de actos reñidos con la ley.
Desde el año 2012 a la fecha, el Congreso Nacional asignó a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) un presupuesto global de 233.3 millones de lempiras, de los cuales únicamente se ejecutaron 125.6 millones.
Para el ejercicio fiscal de 2016, el Poder Legislativo le asignó al órgano depurador 52.7 millones de lempiras, de los que hasta febrero pasado se habían ejecutado 8.5 millones, según informaron sus autoridades.
Los expulsados
En un informe de monitoreo y seguimiento de casos que recién esta semana sacó a luz la DIECP se establece que al menos 1,693 agentes y oficiales de mediano y alto rango reprobaron las pruebas del polígrafo y toxicológicas entre los años 2012 y 2015.
De ese número se emitió resolución vinculante a la Secretaría de Seguridad estableciendo que 613 de ellos no reunían los “requisitos de idoneidad y la conducta apropiada” para el correcto desempeño de su cargo y su continuidad en la fuerza policial.
Sin embargo, un seguimiento que se hizo de cada uno de estos casos permitió descubrir que solamente a 273 de ellos se les entregó su baja , mientras los restantes 340 reprobados continúan laborando dentro de la Policía.
Cabe mencionar que en este grupo de policías no aptos para el servicio había seis comisionados, de los cuales cinco ya salieron de la institución y uno sigue activo en las filas policiales.
Además se remitieron al Tribunal Superior de Cuentas 23 expedientes de igual número de oficiales de las escalas 1,2 y 3 a los cuales se les descubrió un patrimonio irregular de al menos 300 millones de lempiras.
En función de lo anterior, los expertos señalan que la depuración esta aún en deuda y requiere un nuevo impulso.
En ese sentido, organismos de la sociedad civil que monitorean el tema de seguridad cuestionaron que la limpieza de la Policía Nacional ha sido un proceso demasiado oneroso para los contribuyentes y de pobres resultados por la falta de voluntad política de los responsables de ejecutar las labores disciplinarias dentro del estamento.
El tema ha vuelto a cobrar notoriedad esta semana tras aprobarse en su primer debate los primeros artículos a Ley Orgánica de la Policía, que dan vida a la Dirección de Asuntos Policiales Disciplinarios (Didadpol) que sustituirá a la DIECP.
La creación de la Didadpol surgió como una propuesta de los miembros de la Comisión de Dictamen y busca que la depuración no vuelva al control de la cúpula policial, tal como esta pretendía en el proyecto de ley.
