Los miembros de la junta directiva del Congreso Nacional que preside el diputado del PSH Luis Redondo se exponen a ser acusados por el delito de traición a la patria ante la falta de legalización de sus funciones, según analistas basados en la Constitución de la República.
Luis Redondo fue juramentado como presidente del Congreso Nacional por el diputado Rasel Tomé el 23 de enero.
Para el analista constitucional Jhonatan Rosales, “en un país donde se respete el Estado de derecho tendría que legalizarse la junta directiva del Congreso a través de una nueva votación o una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
“En los siguientes años, por ejemplo, perfectamente la junta directiva de Redondo puede ser procesada por haber incurrido en la ilegalidad”, puntualizó. El artículo 2 del capítulo de la “Organización del Estado” de la Constitución de la República establece que “la usurpación de los poderes constituidos se tipifica como delito de traición a la patria”.
Además, el artículo 3 del mismo apartado indica que “nadie debe obediencia (...) a quienes asuman por procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establece”.
El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo que es propicio que se legalice la junta directiva del parlamento.
“Lo que queremos es la ruta de legalidad porque (de no hacerlo) le hace un grave daño al país, provocando que no tengamos seguridad jurídica”, expresó.
