La próxima audiencia está prevista el 28 de septiembre de este año y en la misma se definirá la fecha del juicio, que previsiblemente se iniciará a principios del año próximo (17 de enero) con la constitución del jurado que con su fallo sellará el futuro del exmandatario Juan Orlando Hernández.
Vestido con pantalón y blusa azul marino de manga corta y por debajo camiseta y zapatillas color naranja, el color de los presos en las cárceles estadounidenses, Hernández, que fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril, parecía relajado. Al entrar a la sala de la audiencia se dirigió al numeroso público e hizo un breve saludo llevándose la mano al corazón.
El exmandatario escuchó durante su segunda audiencia los cargos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y se declaró inocente de traficar drogas, de tenencia de armas y conspiración.
Fiscales acusan a Hernández Alvarado, un antiguo aliado de Estados Unidos, de recibir millones de dólares de narcotraficantes a cambio de protección cuando gobernaba Honduras, entre 2014 y enero de 2022. El exmandatario utilizó el dinero para enriquecerse y financiar sus campañas políticas, según los fiscales.
Hernández, que gobernó Honduras hasta el 27 de enero pasado y fue extraditado a Estados Unidos el mes pasado, tras escuchar los cargos en su contra y una vez terminada la audiencia abandonó la sala en medio de improperios proferidos por algunos asistentes: “Rata”, “Asesino”, “¡A arrepentirse, Juan Orlando”.
Hernández enfrenta tres cargos penales, incluyendo conspiración para importar cocaína y posesión de armas. El político ha negado las acusaciones, presentándose como un feroz opositor a los cárteles de la droga y acusando a los traficantes de difamarlo para vengarse y aligerar sus condenas.
Raymond Colón, abogado de Hernández, afirmó que su cliente es inocente y calificó el caso de “vendetta disfrazada de acusación”. Colón se quejó ante el juez por las condiciones de detención de su defendido, del que dijo, está “incomunicado”.
Según el abogado, solo ha podido visitar a su cliente en dos ocasiones en los 20 días que lleva detenido el expresidente hondureño, quien no puede “hacer llamadas a su familia ni acceder al correo electrónico, ni hacer ejercicio físico”.
Condiciones que el abogado comparó con las de un “prisionero de guerra” o “un terrorista” o alguien que haya “matado a alguien”, a lo que algunas personas del público reaccionaron con una carcajada.
El juez prometió que pediría a las autoridades del gobierno que contacte al personal del centro de detención para tener una explicación por las condiciones de cautiverio denunciadas por el letrado.
“No puedo imaginar por qué no podría llamar a la familia, tener acceso al correo electrónico o a los abogados”, sostuvo el juez Kevin Castel, el mismo que presidió el juicio que enviara a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández tras las rejas en Estados Unidos por el resto de sus días.
Por el momento Juan Orlando seguirá detenido. La defensa anunció posteriormente a la prensa que está tratando de encontrar los avales para presentar una fianza “de varios millones” para que el expresidente, que entregó el mando a su sucesora Xiomara Castro el pasado 27 de enero, pueda aguardar el juicio en libertad.
La Policía hondureña capturó al exmandatario tras una solicitud de extradición de Estados Unidos en febrero, un mes después de que dejara el cargo. Fue enviado a ese país el 21 de abril a bordo de un avión de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), posteriormente, un juez de la nación norteamericana ordenó su detención en espera de juicio.
500 toneladas
Según la Fiscalía estadounidense, Hernández habría ayudado a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022.
Según la acusación, el dinero de la droga le sirvió para enriquecerse y “financiar su campaña política y cometer fraude electoral” en los comicios presidenciales de 2013 y 2017.
La defensa espera contar con el testimonio de personas de la sucesivas administraciones estadounidenses, de Barack Obama y Donald Trump, con los que colaboró para extraditar a otros narcotraficantes que actualmente cumplen condenas en Estados Unidos.
El acusado, que llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la incautación de drogas y la lucha contra el crimen organizado, podría buscar llegar a algún acuerdo con la Fiscalía para ver reducida su pena, Pero la justicia estadounidense parece estar dispuesta a enviar un mensaje contundente, como ya lo hizo con su hermano “Tony”, con su colaborador Geovanny Fuentes Ramírez condenado a cadena perpetua, y con Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014), que cumple 24 años de cárcel por el mismo delito.
Las autoridades de Estados Unidos han advertido que están decididas “a desbaratar todo el ecosistema de las redes de tráfico de droga que dañan a los estadounidenses”.
