Tegucigalpa, Honduras
La falta de logística y de seguridad para los jueces es el mayor obstáculo que tiene Honduras para llevar a cabo las extradiciones que son solicitadas por otros países, aseguró Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El titular del Poder Judicial se refirió de esa forma a los procesos pendientes que tiene Honduras, los cuales son siete solicitudes por parte del Gobierno de Estados Unidos para extraditar a hondureños implicados en crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, como lo confirmó el pasado 19 de septiembre Mireya Agüero, canciller hondureña.
Rivera Avilés explicó que Honduras no ha podido resolver esas peticiones por la ausencia de garantías de seguridad a los jueces y también de logística para realizar el procedimiento.
El presidente de la CSJ expresó: “El Poder Judicial no tiene la suficiente logística para resolver las solicitudes de extradición”.
El tema de seguridad y logística van ligados, pues Rivera hacía alusión a que a los jueces que resuelven los casos de extradición se les debe “brindar algún grado de seguridad para proteger su integridad”.
Confidencial
Los nombres y los detalles de las solicitudes de extradición hechas por el Gobierno estadounidense se mantienen “de manera secreta por cuestiones de seguridad nacional”, afirmó el presidente del Poder Judicial, quien se reservó las identidades de las personas acusadas.
En 2012, el Congreso Nacional reformó el artículo 102 de la Constitución de Honduras, con lo cual se legalizó la extradición de hondureños cuando estos cometen crímenes en el extranjero, en casos de terrorismo, crimen organizado o secuestros.
Luego de esto, la Corte Suprema de Justicia aprobó el pasado 9 de mayo el proceso de extradición de hondureños vinculados al crimen organizado, el cual tiene por fin agilizar este tipo de procedimientos.
Los magistrados aprobaron por unanimidad la “figura del instructivo”, que contiene el reglamento que detalla el procedimiento a seguir para ejecutar una extradición.
Además la norma, que contiene ocho numerales, también especifica las garantías de seguridad que se deben brindar al juez que sea el responsable de conocer el caso.
En proceso una extradición
A pesar de las dificultades para ejecutar las extradiciones, Rivera Avilés indicó que ya han comenzado un proceso a un hondureño, del cual no precisó el nombre.
La solicitud de extradición a esta persona la hicieron las autoridades de México.
El presidente de la CSJ manifestó que él mismo actuará como juez natural y será el encargado de tomar la decisión para determinar si se extradita o no a esa persona, cuyo nombre no precisó.
“Ya hemos dado inicio al proceso de extradición, ya entró al pleno de la Corte Suprema de Justicia”, reveló ayer Rivera Avilés.
Esta solicitud de extradición hecha por los mexicanos ya se había dado a conocer, cuando las autoridades judiciales hondureñas informaron el pasado 26 de septiembre que el Gobierno de México les pidió que extraditaran a un hondureño a quien se le acusa de falsificar documentos públicos.
Sobre este caso, Rivera Avilés prefirió no profundizar más en los detalles.
Piden resolver casos de crímenes contra profesionales del derecho
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) dio a conocer el mes pasado que el 97% de las muertes violentas de abogados siguen impunes, situación que ayer cuestionó Roy Urtecho, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
“Si no se les asigna el presupuesto debido y agentes de investigación exclusivos no lo van a lograr, por eso es necesaria la permanencia de un policía de investigación las 24 horas bajo la dirección de un fiscal”, dijo Urtecho.
Además consideró que “el Estado debe garantizar con una investigación real y efectiva, cuando asesinan a un ciudadano”, enfatizó el presidente del CAH.
Rigoberto Cuéllar, fiscal adjunto del Ministerio Público, admitió que es difícil que se brinde seguridad a todos los fiscales en el país, incluso si solo se habla de aquellos que ha recibido algún tipo de amenaza.
“Es normal que un fiscal que desempeña bien su trabajo sea amenazado al menos una vez al mes; pero en la medida en la que uno se mantiene profesional, se mantiene ético en el desempeño de sus funciones, insisto, es la primera línea de defensa para cualquier funcionario”.
