Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público presentará los recursos que correspondan por el fallo de la jueza Lidia Álvarez que dictó medidas cautelares distintas a la prisión contra 28 de 29 imputados por el caso de presunta corrupción conocido como La Caja de Pandora, que ha salpicado a varios diputados.
Así lo indicó la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público ( Ufecic), que denunció el caso en junio, en mensajes en la red social Twitter, en los que señala que aunque respetan la decisión de la jueza Lidia Álvarez no la comparten.
“No obstante, que respetamos su decisión, no la compartimos, haremos uso de los recursos correspondientes”, subraya uno de los mensajes de la Ufecic.
En otro señalan que “se resalta de la resolución, que la jueza ha dado por acreditados los hechos, consistentes en el desvío de más de 282 millones de lempiras del Estado ($11.7 millones), de los cuales fueron beneficiarios personas naturales, jurídicas y partidos políticos”. “Por tanto: su decisión, no fue porque Ufecic no haya acreditado los hechos, sino porque según su criterio, la
ley de Lavado de Activos del 2002 no considera como precedente los delitos en perjuicio de la Administración Pública”, indicó la unidad especial del Ministerio Público.
De 38 implicados en el caso Pandora, 29 se presentaron el lunes a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa y a 28 se les dictó detención preventiva, y a una mujer se le concedió arresto domiciliario por estar en fase de lactancia materna.
En la audiencia inicial que se abrió el miércoles y finalizó el viernes, con resolución anunciada ayer en la madrugada, la jueza Álvarez dictó formal procesamiento y prisión solamente contra el exministro de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado, por abuso de autoridad (3 a 6 años de prisión), fraude (6 a 9 años de prisión) y malversación de caudales públicos (6 a 12 años).
Para otros dos imputados se dictó sobreseimiento definitivo, y para los 26 restantes, medidas cautelares distintas a la prisión. La jueza encontró indicios de abuso de autoridad, fraude y abuso a los deberes de los funcionarios contra una mujer; en otra, falsificación de documentos públicos y, en una tercera, falsificación de documentos públicos y fraude. Contra las 23 personas restantes, la jueza solo encontró indicios por el delito de encubrimiento.
Entre los diputados imputados figuran Rodoldo Irías Navas, expresidente del Parlamento hondureño, del gobernante Partido Nacional, y el excandidato presidencial Elvin Santos, del Partido Liberal, entre otros. Las medidas cautelares dictadas a los 28 de 29 imputados indican que no pueden salir del país, que deben comparecer a un juzgado a firmar los miércoles un libro de control y que no deben tener comunicación con los demás imputados, según la resolución.
El Ministerio Público presentará los recursos que correspondan por el fallo de la jueza Lidia Álvarez que dictó medidas cautelares distintas a la prisión contra 28 de 29 imputados por el caso de presunta corrupción conocido como La Caja de Pandora, que ha salpicado a varios diputados.
Así lo indicó la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público ( Ufecic), que denunció el caso en junio, en mensajes en la red social Twitter, en los que señala que aunque respetan la decisión de la jueza Lidia Álvarez no la comparten.
“No obstante, que respetamos su decisión, no la compartimos, haremos uso de los recursos correspondientes”, subraya uno de los mensajes de la Ufecic.
 Los detenidos salieron ayer de los batallones, pero ninguno se dejó ver.
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De 38 implicados en el caso Pandora, 29 se presentaron el lunes a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa y a 28 se les dictó detención preventiva, y a una mujer se le concedió arresto domiciliario por estar en fase de lactancia materna.
En la audiencia inicial que se abrió el miércoles y finalizó el viernes, con resolución anunciada ayer en la madrugada, la jueza Álvarez dictó formal procesamiento y prisión solamente contra el exministro de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado, por abuso de autoridad (3 a 6 años de prisión), fraude (6 a 9 años de prisión) y malversación de caudales públicos (6 a 12 años).
 Los detenidos salieron ayer de los batallones, pero ninguno se dejó ver.
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Entre los diputados imputados figuran Rodoldo Irías Navas, expresidente del Parlamento hondureño, del gobernante Partido Nacional, y el excandidato presidencial Elvin Santos, del Partido Liberal, entre otros. Las medidas cautelares dictadas a los 28 de 29 imputados indican que no pueden salir del país, que deben comparecer a un juzgado a firmar los miércoles un libro de control y que no deben tener comunicación con los demás imputados, según la resolución.
