San Pedro Sula, Honduras.
Construir las plantas de tratamiento en San Pedro Sula es un proyecto cuesta arriba. Lo único que se tiene son los tres predios adquiridos en los sectores de Rivera Hernández, Cofradía y Chotepe, pero ahora están bajo investigación.
El argumento de los investigadores por el decomiso de ayer de documentación administrativa es que la Corporación Municipal 2010-2014 no pidió un avalúo a la Secretaría de Finanzas a través del departamento de Bienes Nacionales como lo indica el reglamento de la Oficina de Bienes Nacionales.
Los excorporativos 2010-2014 aducen que no se hizo porque al momento de la compra ese reglamento no existía.
Ayer, fiscales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) llegaron a la Municipalidad y se llevaron de las oficinas recibos, cheques, letras de cambio y documentación referente a la compra de tres terrenos.
El origen
Dos abogadas de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción junto con 5 agentes llegaron a los departamentos de Secretaría y Contabilidad de la comuna en busca de los documentos.
Según fuentes del Ministerio Público, la investigación se deriva de denuncias y un informe emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que concluye que hay responsabilidad penal de parte de la Corporación Municipal anterior.
De acuerdo con un informe sobre el procedimiento de adquisición de los predios para las plantas de tratamiento de aguas negras, que fue entregado al alcalde Armando Calidonio y que este envió al Fiscal General, la Corporación Municipal anterior invocó la autonomía municipal cuando se efectuó la compra y conforme a los dispuesto en el artículo 96 de la Constitución de la República, las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando beneficia al imputado.
El contrato de concesión para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario se firmó en octubre del 2000 y una de las obligaciones es que la Municipalidad entregue los predios en los cuales la concesionaria desarrollará sus actividades.
El documento establece que la concesionaria ASP contrató a la empresa Lotti y Asociados para que realizara el Plan Maestro de alcantarillado que incluye en el informe final el análisis de las alternativas de recolección y tratamiento, señalándose en el plano levantado cuáles serían los predios adecuados por el alineamiento y disposición de los colectores, así como la cercanía de los cuerpos receptores.
La administración anterior acordó crear un fideicomiso bancario para que los fondos obtenidos por la alcaldía por concepto del canon fijo y canon variable por parte de la concesionaria y que fueran exclusivamente destinados para la adquisición de predios para construir las plantas de tratamiento.
Los terrenos
A petición formal de la concesionaria, los excorporativos, de acuerdo con el plan maestro, aprobaron la compra de los inmuebles para ejecutar la construcción de las plantas de tratamiento y la junta de concesiones, integrada por regidores, representantes del Colegio de Ingenieros Civiles, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el comisionado de transparencia municipal, Saturnino Sénis, ya fallecido, se procedió a identificar los inmuebles que están señalados en los estudios de Lotti y Asociados.
La Corporación Municipal adquirió los tres inmuebles, los cuales fueron entregados mediante acta corporativa, pero no se le notificó a la concesionaria. La Corporación anterior envió toda la documentación al TSC. Entre esos documentos, establecen que el procedimiento de compra fue conforme, también, a lo dispuesto en la Ley General del Ambiente que manda a las entidades públicas a tratar sus aguas antes de verterlas en el ambiente. San Pedro Sula es la única que contamina el río Chamelecón cuando atraviesa por su jurisdicción, razón por la cual fue una necesidad hacer la compra para garantizar la salud y el cumplimiento del contrato de concesión.
Construir las plantas de tratamiento en San Pedro Sula es un proyecto cuesta arriba. Lo único que se tiene son los tres predios adquiridos en los sectores de Rivera Hernández, Cofradía y Chotepe, pero ahora están bajo investigación.
El argumento de los investigadores por el decomiso de ayer de documentación administrativa es que la Corporación Municipal 2010-2014 no pidió un avalúo a la Secretaría de Finanzas a través del departamento de Bienes Nacionales como lo indica el reglamento de la Oficina de Bienes Nacionales.
Los excorporativos 2010-2014 aducen que no se hizo porque al momento de la compra ese reglamento no existía.
Ayer, fiscales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) llegaron a la Municipalidad y se llevaron de las oficinas recibos, cheques, letras de cambio y documentación referente a la compra de tres terrenos.
El origen
Dos abogadas de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción junto con 5 agentes llegaron a los departamentos de Secretaría y Contabilidad de la comuna en busca de los documentos.
Según fuentes del Ministerio Público, la investigación se deriva de denuncias y un informe emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que concluye que hay responsabilidad penal de parte de la Corporación Municipal anterior.
De acuerdo con un informe sobre el procedimiento de adquisición de los predios para las plantas de tratamiento de aguas negras, que fue entregado al alcalde Armando Calidonio y que este envió al Fiscal General, la Corporación Municipal anterior invocó la autonomía municipal cuando se efectuó la compra y conforme a los dispuesto en el artículo 96 de la Constitución de la República, las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando beneficia al imputado.
El contrato de concesión para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario se firmó en octubre del 2000 y una de las obligaciones es que la Municipalidad entregue los predios en los cuales la concesionaria desarrollará sus actividades.
El documento establece que la concesionaria ASP contrató a la empresa Lotti y Asociados para que realizara el Plan Maestro de alcantarillado que incluye en el informe final el análisis de las alternativas de recolección y tratamiento, señalándose en el plano levantado cuáles serían los predios adecuados por el alineamiento y disposición de los colectores, así como la cercanía de los cuerpos receptores.
La administración anterior acordó crear un fideicomiso bancario para que los fondos obtenidos por la alcaldía por concepto del canon fijo y canon variable por parte de la concesionaria y que fueran exclusivamente destinados para la adquisición de predios para construir las plantas de tratamiento.
Los terrenos
A petición formal de la concesionaria, los excorporativos, de acuerdo con el plan maestro, aprobaron la compra de los inmuebles para ejecutar la construcción de las plantas de tratamiento y la junta de concesiones, integrada por regidores, representantes del Colegio de Ingenieros Civiles, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y el comisionado de transparencia municipal, Saturnino Sénis, ya fallecido, se procedió a identificar los inmuebles que están señalados en los estudios de Lotti y Asociados.
La Corporación Municipal adquirió los tres inmuebles, los cuales fueron entregados mediante acta corporativa, pero no se le notificó a la concesionaria. La Corporación anterior envió toda la documentación al TSC. Entre esos documentos, establecen que el procedimiento de compra fue conforme, también, a lo dispuesto en la Ley General del Ambiente que manda a las entidades públicas a tratar sus aguas antes de verterlas en el ambiente. San Pedro Sula es la única que contamina el río Chamelecón cuando atraviesa por su jurisdicción, razón por la cual fue una necesidad hacer la compra para garantizar la salud y el cumplimiento del contrato de concesión.
