La Agencia Técnica de Investigación (Atic) y la Fiscalía del Ambiente intervinieron ayer dos alcaldías del departamento de Santa Bárbara, la de Macuelizo y Nueva Frontera.
Los investigadores buscan documentación que acredite o desvirtúe si estas administraciones otorgaron permisos para extraer minerales de los ríos Chiquila y Bobo.
Esta semana, los pobladores de ocho aldeas de Macuelizo se tomaron la carretera de occidente para exigir respuestas al Gobierno.
Una comisión institucional de organismos judiciales trabaja en la investigación de estas denuncias de los vecinos sobre la contaminación de las aguas del río Chiquila, según ellos por la extracción ilegal de oro, puesto que utilizan químicos que dañan las aguas y provocan enfermedades en los pobladores, animales y plantas.
La comisión está encabezada por un equipo de fiscales, apoyados por los militares, quienes inspeccionaron las riberas de los ríos Chiquila y Bobo, adonde incautaron nueve máquinas de extracción de minerales, así como bombas, armas de fuego y químicos que serán enviados a los laboratorios forenses para determinar si son estos los que tienen contaminadas las aguas del afluente.
Reacciones
La alcaldesa de Nueva Frontera, Delmi Reyes, dijo que está dispuesta a colaborar con la investigación que lleva acabo el Ministerio Público, ya que ellos han denunciado que si algunas máquinas se quedaron trabajando en el río después que ellos a exigencia de la Fiscalía suspendieran los permisos que se dieron en un cabildo abierto, “no tienen nada que ver en esa situación”.
“Solo damos permisos para extraer oro de forma artesanal, no con máquinas, porque Defomin nos dio un permiso especial, pero para la extracción de forma artesanal”, recalcó la alcaldesa.
El alcalde de Macuelizo, Mario Cordón, quien encabezó la toma de carreta hace algunos días en la CA-4 en el puente que está sobre el río Chiquila, también dijo que están abiertos a cualquier investigación
“Esto era lo que queríamos, que la Fiscalía y los organismos de investigación actúen de forma pareja, y que liberemos el río de la contaminación que está siendo objeto. Ya hay máquinas decomisadas, que las saquen de funcionamiento, si no tienen permiso, pues que apliquen la ley”.Las investigaciones preliminares dirigidas por el Ministerio Público determinan que no hay personas naturales o jurídicas que hayan obtenido licencias ambientales de la Secretaría de Recursos Naturales o concesiones otorgadas por Inhgeomin. Investigan si hay responsabilidad penal de funcionarios edilicios por delitos contra la administración pública y el ambiente.
