Las 11 comisiones interventoras creadas por el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa en sus tres años y medio de gestión solo han servido para engrosar la burocracia e incrementar el gasto público. Los resultados han sido pocos.
El anterior es el criterio de analistas, expertos y diputados consultados por LA PRENSA sobre las interventoras creadas por el Gobierno nacionalista.
La Ley General de la Administración Pública contempla que el Poder Ejecutivo podrá nombrar comisiones interventoras para que administren la entidad intervenida y la evalúen con la asesoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pero en este Gobierno se ha convertido en una norma.
En la gestión de Lobo han sido intervenidas Hondutel, Empresa Nacional Portuaria, Secretaría de Salud, Ministerio Público, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Dirección de Migración y Extranjería, Secretaría de Cultura, Hospital Escuela, Dirección Nacional de Investigación Criminal e Instituto de Previsión del Magisterio. La mayor parte de estas intervenciones han tenido como propósito tapar los escándalos de corrupción, la inoperancia de sus titulares y los magros resultados en sus funciones y misiones legales, pero de todas estas ninguna ha ofrecido los resultados esperados por la ciudadanía.
Los casos más concretos son los de la junta interventora de Hondutel y la ENP, instituciones que se debaten en una aguda crisis financiera por la corrupción y las malas administraciones pasadas, pero que a esta fecha siguen adoleciendo de los mismos vicios y sin visos de solución.
En su penúltimo Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo extendió el período de la interventora de Hondutel hasta el final de la administración del Presidente en enero de 2014.
Esta instancia fue creada para rescatar a la estatal de la difícil situación financiera en que se encuentra, ya que se estima que pierde más de dos millones de dólares diarios, es decir, unos 40 millones de lempiras. Las soluciones para esta empresa no se ven a corto plazo. La más reciente fue la determinación del Congreso de ampliarle por 45 días el plazo a la Comisión Interventora del Ministerio Público.
Abuso de comisiones
El analista y jurista nacional Raúl Pineda Alvarado señaló que el Gobierno ha abusado de las comisiones, que solo fueron creadas para ganar tiempo con el fin de tapar los escándalos y la mala administración dentro de las instituciones, pero no han dado resultados y más bien han surgido nuevas irregularidades.
“No han dado resultados por dos situaciones: ponen gente que no conoce las instituciones y, en segundo lugar, al final del Gobierno no es el mejor momento para hacerlo. Entonces puedo decir en términos generales que el nombramiento de comisiones es legal y no ha dado resultados”.
Explicó que la intervención es un mecanismo extraordinario y excepcional; sin embargo, en el actual Gobierno se ha convertido en una herramienta de uso normal que solo ha servido para encubrir las malas administraciones de los funcionarios nombrados por el Ejecutivo y el Legislativo.
“Obviamente, al ganar tiempo esto ha permitido que el Gobierno pueda sostener o proyectar la imagen de que está preocupado o que está haciendo algo, pero los informes de las intervenciones nunca los conoce el pueblo, debiendo haberse conocido por lo menos cuánto ganan estos interventores”, señaló Pineda.
Agregó que las intervenciones son vistas cómo instancias que no resuelven los problemas de las instituciones, sino que llegan a engrosar la enorme burocracia estatal y el abultado gasto público. “Las intervenciones solo han servido para aumentar gastos e incrementar los salarios de los interventores”, indicó. El profesional del derecho explicó que en algunas de las intervenciones efectuadas en esta administración gubernamental existe un serio problema de ilegalidad, ya que la Ley de la Administración Pública solo lo permite para instituciones autónomas, municipalidades y organismos de la administración central.
Por lo anterior, la intervención del Ministerio Público es ilegal porque el Congreso no tiene facultades de intervenir a funcionarios electos.
Al consultarlo sobre el tema, el legislador Oswaldo Ramos Soto expresó su desacuerdo respecto al nombramiento de comisiones para sustituir al titular de una institución del Estado porque muy poco pueden hacer en un plazo de dos, tres o cuatro meses.
“Este Gobierno va a ser calificado como el Gobierno de las comisiones”, dijo, y señaló que lo recomendable es que, si un funcionario no funciona en su puesto, se le debe destituir de inmediato y nombrar a otro mejor para que asuma su función.
