El Ministerio Público y la Procuraduría General de Honduras presentaron hoy sendos recursos de reposición contra la anulación de los dos procesos por supuesta corrupción incoados al expresidente
Manuel Zelaya.
Ambas instituciones estatales presentaron los recursos ante la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, a la que solicitaron la revocación del fallo que emitió ayer una Corte de Apelaciones a favor del exmandatario, destituido en 2009.
La Corte argumentó que Zelaya ha estado en 'indefensión' por encontrarse 'involuntariamente' fuera de Honduras, fue expulsado del país por los militares tras su destitución el 28 de junio de 2009 y ahora reside en la República Dominicana.
Sin embargo, la fiscal de Impugnaciones, Albina Zepeda, explicó a periodistas que el recurso de reposición se fundamenta en que el Código Procesal Penal 'establece que el Ministerio Público puede realizar la investigación en ausencia de una persona'.
Por ello, 'hemos presentado el recurso de reposición contra el fallo emitido por el tribunal' para que 'se revoque' dicha resolución, añadió la fiscal.
Un abogado de la Procuraduría General de la República (oficina legal del Estado), Francisco Pérez, indicó que la presentación del recurso de reposición 'de momento solamente es un trámite', en espera de que, de ser denegado, se recurra en amparo ante la CSJ.
Si el proceso pasa a un recurso de amparo, habrá un plazo de 60 días para que el tribunal supremo resuelva, según otras fuentes judiciales.
La Fiscalía contra la Corrupción acusó a Zelaya y varios de sus exfuncionarios por los delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la fe pública y la administración pública.
Según la Fiscalía, Zelaya cometió esos delitos al contratar publicidad ilegalmente y desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que celebraría el día en que fue destituido con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, recordó hoy a periodistas que el fallo de la Corte de Apelaciones establece expresamente que 'es única y exclusivamente para la situación del señor Zelaya' porque 'fue sustraído del país', pero que los demás imputados seguirán bajo los procesos judiciales.
Declaran con lugar
En la parte resolutiva de la certificación los magistrados aseguran fundamentarse en varios artículos de la Constitución de la República y el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Código Procesal Penal y en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos con el voto particular del magistrado Marco Vinicio Zúniga.
Es así que resolvieron: “Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por los defensores públicos; reformar el auto de fecha 25 de marzo de 2011 en lo referente a la nulidad, y en consecuencia, por la ausencia involuntaria del señor Zelaya: declarar la nulidad parcial de actuaciones en relación exclusiva al imputado a partir e inclusive, de los autos de admisión de los requerimientos fiscales del 30 de julio de 2009 y 24 de febrero de 2010 y todos los actos que se hayan realizado con posterioridad”.
Cabe destacar que los magistrados dejan claro en la certificación que los actos válidos realizados con posterioridad son: el nombramiento de defensores públicos al imputado, la decisión de someter la presente causa al procedimiento especial para procesar a un alto funcionario del Estado, las incidencias propias de la nulidad de actuaciones solicitada, el trámite de recurso de apelación interpuesto y las diligencias concernientes contra los coimputados en los requerimientos relacionados ya que la presente resolución no es vinculante a casos ajenos.
En otras palabras, el resto de funcionarios del Gobierno de Zelaya que mantienen juicios en los tribunales de justicia, continúan con sus procesos.
Otro punto en la certificación es que los magistrados declararon inadmisibles los requerimientos fiscales de fecha 30 de julio de 2009 y 24 de febrero de 2010 por razones supra indicadas.
Además, ordenan remitir las presentes al Juez natural para que proceda conforme a derecho.
El voto particular de Zúniga
Aunque la certificación quedó aprobada por mayoría de votos (dos contra uno), el magistrado Marco Vinicio Zúniga emitió su voto particular.
Al respecto él detalla que: “de conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, emito mi voto particular, porque a mi criterio, el Auto Motivado del Tribunal de Apelación, aunque se resolvió por mayoría de votos por haber disentido el Infrascrito tanto de la motivación jurídica como de la parte resolutiva, debió resolver: “declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado José Manuel Zelaya Rosales, declara sin oficio la nulidad de los requerimientos fiscales incoados contra el ciudadano a partir de inclusive de su correspondiente auto de admisión y manda que la Secretaría del Tribunal notifique de oficio personalmente esta resolución a las partes intervinientes, una vez que sea firme se haga la remisión de los autos acumulados al juez natural para su cumplimiento y que se proceda al archivo de los mismos.
Desde hace días se venía gestando la anulación de los juicios de Manuel Zelaya en la Corte Especial de Apelaciones que creó para los casos la Corte Suprema de Justicia.
Aunque los magistrados reconocieron que no eran presionados por ningún sector, al final su resolución coincidió con las peticiones del presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa.
Los argumentos
Según los antecedentes de la certificación emitida ayer el Juez de Instancia declaró sin lugar la nulidad de las actuaciones solicitada por la defensa el 25 de marzo del presente año.
Los argumentos detallan que no era el momento procesal pertinente para conocer de la misma, conforme lo dispuesto en el ordenamiento legal y decreto de oficio la nulidad parcial de los autos de fechas 31 de julio de 2009 y 5 de marzo de 2010 en que se admiten los requerimientos previamente acumulados, exclusivamente en lo atinente al libramiento de las órdenes de captura contra Manuel Zelaya, dejándose las mismas sin valor ni efecto.
Otro argumento para que la Corte Especial de Apelaciones invalidara los juicios de Zelaya fueron los agravios que expusieron los defensores públicos, quienes argumentaron que si bien se habían suspendido las órdenes de captura, “causa un enorme agravio al dejarse subsistentes los requerimientos fiscales en vista de estar claramente evidenciadas las vulneraciones a los derechos consagrados tanto en nuestra Carta Magna como los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte”.
Los defensores fueron claros en expresar la aparente violación al artículo Constitucional 102 en el que dice que ningún hondureño puede ser expatriado ni extraditado a otro país y que el Ministerio Público en su ausencia presentó los requerimientos fiscales.
Defensa está conforme
La defensa del expresidente Zelaya conformada por los defensores públicos José Anaím Orellana y Edgar Crosby Lanza, declararon su conformidad a la certificación emitida por el Tribunal especial.
Más temprano Anaím Orellana manifestó su conformidad con los rumores de anulación de juicios que se daban en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia desde tempranas horas.
Por su parte la fiscal especial contra impugnaciones, Mary Albina Zepeda firmó el recibo de la certificación manifestando que tenían que analizar el documento antes de dar a conocer el próximo paso que sería un recurso de reposición o un recurso de amparo.
“Desconozco qué se hará, tenemos que analizar la resolución, actuamos de conformidad a derecho, tenemos hasta mañana (hoy) para presentar un recurso de reposición y posteriormente pasarlo a la Fiscalía de Defensa de la Constitución, si se diera el caso de la reposición”, aseguró la fiscal especial.
Sobre si la certificación es un hecho bochornoso al proceder de la Fiscalía, la abogada Zepeda aseguró lo contrario.
“En ningún momento nos sentimos abochornados, si interponemos un recurso de reposición lo sabrán mañana (hoy), hasta ahorita llevo el fallo. No podemos dar una opinión al respecto mientras no lo analicemos, pero lo que procede es un recurso de reposición”, puntualizó la fiscal.
Defensores dicen que fallo fue parcial
Querían más garantías para el expresidente Manuel Zelaya, pero están conformes.
Anaím Orellana, uno de los dos abogados defensores del político, se declaró satisfecho a pesar que según dice, se violentaron algunas garantías.
El defensor público del expresidente explicó que debido a que las órdenes de captura fueron suspendidas, el ex mandatario ya puede ingresar al país sin exponerse a ser capturado. Sin embargo, Zelaya pedía más garantías a fin de que se anularan los juicios, agregó.
El abogado refirió que el proceso no ha finalizado, por lo que el Ministerio Público puede presentar un recurso de amparo.
En cuanto a la posición de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la República sobre analizar el fallo y así elaborar el recurso de amparo, dijo que están preparados para cualquier diligencia judicial en la que les toque presentarse. Explicó que el fallo fue parcial debido a que es solamente la anulación de los juicios.
PGR dice que estudiará la resolución
Los abogados de la Procuraduría General de la República analizarán el fallo emitido por la Corte de Apelaciones.
“Todas las partes tienen la facultad de presentar el recurso que estimen conveniente si consideran que ha afectado a sus intereses”, dijo ayer el procurador Pedro Escobar, al anunciarse la resolución.
El representante de la PGR dijo que ellos han pedido respeto a la ley y han cumplido lo que es la Ley Orgánica de la PGR.
“Para interponer el recurso tendríamos el término que la ley indica, sin embargo, en este momento no puedo decir cuándo vamos a presentar el recurso, porque tenemos que estudiar el fallo”, declaró Escobar.
La PGR fue la institución que reactivó los juicios en contra de Manuel Zelaya y se presentó ante los Juzgados de lo Penal para estar presente en el desarrollo de los mismos.
Los abogados del Estado fueron los que pidieron que se nombraran defensores públicos para Manuel Zelaya.
“La justicia es sumamente débil”
La anulación de los juicios en contra de Manuel Zelaya, no es ninguna novedad, según el analista político, Raúl Pineda Alvarado.
“Hace más de tres días se comentaba en los círculos políticos la forma en que la Corte Adoc iba a emitir una resolución para resolver un problema político”, aseguró.
Pineda explicó que cuando el Juzgado admitió el requerimiento lo da como bueno, después que nombran a Óscar Chinchilla como juez natural admite el requerimiento como bueno y suspende las órdenes de captura y hoy (ayer) dos magistrados desconocen lo resuelto por dos jueces integrantes de la honorable Corte Suprema de Justicia.
Con este fallo, dijo Pineda “se dejan serias dudas sobre si el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa haya influido en la emisión del fallo judicial”. El analista se preguntó si “un escaño de la OEA valió la pena torcerle la mano a la justicia hondureña?”. Refirió, que lo que se demostró es que la justicia es sumamente débil.
“Nadie tiene derecho a hablar de corrupción”
El expresidente Rafael Leonardo Callejas, que fue acusado por siete casos de corrupción, dijo que la resolución de la Corte indica que en Honduras ya no se puede hablar de corrupción.
“El departamento de Estado de los Estados Unidos considera que el sistema judicial hondureño tiene vicios de corrupción, pero para este caso de Zelaya es correcto”, resaltó.
“Lo que está aconteciendo garantiza la impunidad, porque siete millones de hondureños que vemos televisión vemos con horror cómo sacaron el dinero públicamente en carretillas del Banco Central. Eso no lo podemos olvidar.
Lo demás pueden decir de un presidente, de un funcionario y pueda ser que tengan pruebas o no, pero no ha habido pruebas en este país tan visibles como las que vimos”.
A partir de lo que ocurrió ayer en la Corte Suprema de Justicia, “nadie tiene derecho a hablar del tema de corrupción porque lo estamos borrando de un solo”, expresó.
