Acusaciones ligadas por el Ministerio Público (MP) a actos de corrupción y que involucran a dos exministros del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa ya fueron remitidas a los tribunales de justicia.

En el primero caso, la Fiscalía formalizó acusación contra el exministro de Finanzas, Héctor Tito Guillén por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y fraude, informó Marvin Cruz, portavoz del MP.

El caso refiere a la denuncia que expuso el periodista Ariel D’Vicente, por un contrato de arrendamiento de seis fincas camaroneras en Choluteca.

Guillén fungió como titular de Finanzas y presidente del grupo camaronero Honduras Ibermar, que administraba el Estado. Sin subasta, Guillen firmó un contrato de arrendamiento de las fincas por 500,000 lempiras, por un período de 18 meses.

La Fiscalía comprobó que las seis fincas y la procesadora Ibermar generaban al año una utilidad al Estado por 3.3 millones de lempiras.

Con la operación se configura una supuesta responsabilidad penal de Guillen, generó perdidas al Estado, afirmó. Este requerimiento se presentó en la Corte Suprema, para que se evacúe proceso contra altos funcionarios, por ser Guillén un diputado.

Las restantes seis acusaciones se interpusieron ante el Juzgado Penal de Tegucigalpa. En una de ellas la Fiscalía contra la Corrupción acusó al exministro de Salud, Arturo Bendaña, por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y fraude. El caso refiere a la licitación 021-2010 SS, referida a la compra de medicamentos por 457.5 millones de lempiras.

Además, se acusó a Moisés Torres López, gerente administrativo de Salud, por abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

Asimismo, se acusó por violación a los deberes de los funcionarios a Martha Vásquez, María de los Angeles Funez, Silian Zavala, Mirza Ruíz y Cristian Bautista, quienes fungieron en la comisión de evaluación para revisar las ofertas de licitación.

En el tercer requerimiento fiscal se acusa a Rosa Bellino, Wendy Elvir, Normandina del Carmen Ortiz, Moisés Cruz, Lenin Baquedano y Kenia Martínez.

La Fiscalía los acusa por violación a los deberes de los funcionarios, fraude, encubrimiento, falsificación de documentos públicos, uso indebido de nombres y hurto continuado por el uso fraudulento de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

Otros acusados son Nadina Quiñonez, exadministradora de Prolote y Fosovi, entre otros.