Familias de indocumentados, activistas de los derechos de los inmigrantes y representantes del clero coinciden en que la mayoría de los inmigrantes ilegales están tomando una actitud de espera ante la próxima aplicación de una ley estatal que sancionará a aquellos empleadores que los contraten a sabiendas de su situación irregular.
Otros dicen que los pasos dados por el gobierno del estado para reducir la presencia de indocumentados ha llevado a algunos a abandonar Arizona hacia otros estados o a regresar a México y otros países.
El cónsul general de México en Phoenix, Carlos Flores Vizcarra, dijo creer que no ha ocurrido un éxodo importante de inmigrantes. Pero hay una evidencia creciente, agregó, de que muchos se están preparando para regresar a México o a mudarse a otros estados norteamericanos.
'Lo que estoy viendo es un creciente número de mexicanos que acuden al consulado a conseguir documentos', afirmó Flores Vizcarra. 'A esto le llamaría un proceso de preparación. Algunos de ellos están preparándose para irse', agregó.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que muchos indocumentados han preferido aguardar a ver cómo se aplicaría la nueva ley o ver si tienen éxito dos querellas interpuestas para tratar de bloquear su entrada en vigencia.
Si llegara a registrarse un éxodo importante, probablemente no ocurrirá sino hasta diciembre, justo antes de que entre en vigencia la ley el 1 de enero, dijeron por su parte líderes religiosos y otros.
Para entonces podría conocerse un fallo federal sobre las querellas, que sostienen que la ley de sanciones no puede proceder porque es inconstitucional.
'No hay duda alguna de que algunas personas se han ido, pero no veo evidencia de una salida masiva', afirmó Alfredo Gutiérrez, quien conduce un popular programa de radio para inmigrantes en la estación en español La Campesina (88,3 FM). Pero ciertamente la gente está hablando del asunto. Algunos están pensando en regresar a México, añadió Gutiérrez.
La legislatura estatal aprobó la ley este año y fue firmada por la gobernadora Janet Napolitano el 2 de julio.
Los simpatizantes de la ley creen que reducirá la inmigración ilegal en el estado al afectar el imán laboral, que atrae a los indocumentados, pero los dueños de negocios temen que un éxodo importante de trabajadores cause una devastación de la economía del estado.
Cuando entre en vigor, la ley obligará a todos los patrones a que verifiquen la elegibilidad de sus nuevos postulantes recurriendo a un banco federal de datos.
También amenaza con retirarle a los patrones sus licencias de negocio si contratan indocumentados a sabiendas. Los inmigrantes han dicho que temen que la nueva ley los deje sin trabajo.
