A juicio del director del Instituto Nacional Agrario INA, César Ham, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, no midió las consecuencias sociales, políticas y económicas que traerá al país la derogación del decreto 18-2008.
Una vez que el diario oficial La Gaceta publique el decreto de inconstitucional, el INA paralizará los trámites de pago de indemnizaciones a los legítimos propietarios de tierras ocupadas por campesinos y la adjudicación de títulos a las cooperativas.
Este decreto procuraba reducir la mora agraria que significan 575 expedientes engavetados en el INA, equivalentes a unas 65 mil hectáreas ocupadas por grupos campesinos desde hace muchos años. Ham, reconoció que la resolución del Poder Judicial no tiene carácter retroactivo, pero una vez que entre en vigencia “cualquier propietario podrá ir al tribunal de justicia a pedir la nulidad del título”, y eso automáticamente congelará los trámites de pago de indemnizaciones.
Antes de que la Corte declarara la inaplicabilidad del decreto 18-2008, el INA ya había adjudicado 240 títulos de propiedad, que representan una indemnización por el orden de 240 millones, cuyos trámites están en proceso entre la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras (BCH).
El INA, dijo Ham, a partir de la vigencia de la ley ya no podrá hacer ningún trámite de adjudicación porque la resolución de la Corte deroga el decreto 18-2008. “Se congelan los pagos porque al derogarse el decreto nosotros ya no tenemos una ley donde ampararnos para hacer los pagos correspondientes”, explicó el funcionario.
“Los grupos campesinos están expuestos a ser desalojados de su tierra, de ser destruidas sus viviendas, su producción y ser echados a la calle”, agregó.
Ham admitió que el nuevo decreto que conoció esta semana el Congreso Nacional, siempre y cuando entre en vigencia lo más pronto posible, podría normalizar la situación.
