Tegucigalpa, Honduras
El tiempo se la acaba al Instituto Nacional Agrario (INA), y a juicio de sus autoridades, el futuro de la institución está en manos del presidente Juan Orlando Hernández.
Desde julio pasado, el INA agotó su presupuesto y en la actualidad mantiene millonarias deudas con sus empleados.
El presidente del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), Ramón Bulnes, dijo que ya se agotaron las posibles vías de solución por medio de la Secretaría de Finanzas y de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, quejándose de que ninguna ha mostrado la voluntad para resolver la crisis.
A juzgar por la respuesta de Wilfredo Cerrato, ministro de Finanzas, y Francisco Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, se deja entrever que lo que se busca es que la entidad desaparezca, poniendo fin con ello a la política agraria del Gobierno.
Bulnes informó que el sindicato buscó una solución con el director del INA, Ramón Lara Buezo; con el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato; con el ministro de Trabajo, Carlos Madero, e incluso con el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, sin resultado positivo. Ahora ya solo queda apelar ante el presidente de la república, y de no hallarse solución al problema financiero el INA terminará por desaparecer.
Se acumulan las deudas. Cada mes, el INA acumula 20 millones de lempiras en deudas (17 millones para salarios y tres millones para el pago de vacaciones). Cuando consigue dinero solo paga los salarios, en tanto que la deuda por vacaciones acumula montos de tres años, que este diciembre totalizan 125 millones.
A los empleados les debe los salarios correspondientes a octubre y noviembre, los que, en caso de que el Estado asumiera la responsabilidad, significaría una erogacón de 73.5 millones, incluyendo los salarios de diciembre y el aguinaldo correspondiente.
Despedir o suspender a los empleados también representa un problema; 240 de ellos ya firmaron la solicitud de retiro del INA, pero el pago de sus prestaciones equivale a 280 millones de lempiras, de los que la institución no dispone.
Rector de la política agraria
El INA fue creado mediante decreto número 69 del 6 de marzo de 1961, durante el Gobierno de Ramón Villeda Morales. Su propósito era rectorar la política agraria del Estado debido a las presiones sociales y la creciente demanda de tierras de los campesinos.
En las décadas de los sesenta y setenta surgieron las organizaciones campesinas y las cooperativas del sector reformado, que accedieron a miles de hectáreas de tierras otorgadas por el Estado; sin embargo, muchas de estas tierras fueron vendidas por los mismos campesinos.
Durante el Gobierno de Porfirio Lobo, la institución impulsó el decreto 18/2008, aprobado durante el Gobierno de Manuel Zelaya, y que buscaba reducir la mora agraria legalizando tierras en poder de los campesinos durante los últimos 40 años.
