Redacción
Existen diferentes factores como la falta de diligencia de los fiscales, el alto índice de criminalidad y también influye que la mayoría de casos tienen prisión preventiva. Ya no existe la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas tal como se concibió al inicio con el Código Procesal Penal. A eso hay que agregar que el endurecimiento de penas incide en el trabajo judicial.
A pesar de la existencia de un nuevo Código Procesal Penal y un nuevo Código de Procedimientos Civiles, las estadísticas demuestran que como mínimo unos 300 mil hondureños podrían seguir esperando una condena o absolución.
Los juzgados de Honduras tienen 173 mil expedientes archivados, sin sentencia y con mayor espesura de la deuda judicial con más de 88 mil juicios pendientes de resolución.
De 2008 a septiembre de 2014 hubo 868,620 casos ingresados, 695,671 resoluciones y 172,949 casos pendientes de sentencia, según el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedij).
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Según las estadísticas, de cada 10 denuncias, el Ministerio Público solo judicializa una en los tribunales.
En el caso de juicios orales, la acumulación ocurre por la abundancia de casos bagatelas como robo, daños, hurtos que bien podrían resolverse por la vía de la conciliación y, sin embargo, eso ya no se puede hacer.
En este momento el promedio para obtener una sentencia en juicio oral son dos años y medio cuando hay una persona en prisión preventiva. Si no hay una persona presa, el promedio de años para celebrar un juicio en los tribunales asciende a cinco.
También ha disminuido la calidad de las sentencias porque los fundadores de los Tribunales de Sentencia han sido sustituidos por jóvenes que no tienen la misma capacidad de los iniciadores.
