Jacksonville, Florida
El hondureño Óscar Arnelson Rodriguez-Cruz de 41 años fue condenado a 27 meses de prisión por los delitos de fraude electrónico y conspirar para estafar al Servicio de Impuestos por una corte federal de Jacksonville, Florida, Estados Unidos.
Rodríguez Cruz, quien se declarado culpable, fue obligado por el juez de distrito de los Estados Unidos, Timothy J. Corrigan a renunciar a los 626,817 dólares, ingresos obtenidos producto del fraude electrónico.
El hondureño que permanece ilegal en Estados Unidos también deberá reparar al fisco una cantidad de más 3,436,008 de dólares, unos (84 millones de lempiras).
Según los documentos judiciales, Rodríguez-Cruz participó en un plan a través del cual los contratistas de la construcción contrataron los servicios de personas que vivían y trabajaban ilegalmente en los Estados Unidos.
El hondureño Óscar Arnelson Rodriguez-Cruz de 41 años fue condenado a 27 meses de prisión por los delitos de fraude electrónico y conspirar para estafar al Servicio de Impuestos por una corte federal de Jacksonville, Florida, Estados Unidos.
Rodríguez Cruz, quien se declarado culpable, fue obligado por el juez de distrito de los Estados Unidos, Timothy J. Corrigan a renunciar a los 626,817 dólares, ingresos obtenidos producto del fraude electrónico.
El hondureño que permanece ilegal en Estados Unidos también deberá reparar al fisco una cantidad de más 3,436,008 de dólares, unos (84 millones de lempiras).
Según los documentos judiciales, Rodríguez-Cruz participó en un plan a través del cual los contratistas de la construcción contrataron los servicios de personas que vivían y trabajaban ilegalmente en los Estados Unidos.
Rodríguez-Cruz formó una empresa fantasma que firmó acuerdos con los contratistas para proporcionar trabajadores de la construcción. Al obtener y pagar a los trabajadores a través de las compañías fantasmas, los contratistas rechazaron la responsabilidad de garantizar que los trabajadores estuvieran legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos, que se exigieran impuestos estatales y federales sobre la nómina, y que se proporcionara un seguro de compensación adecuado para los trabajadores.
Después de crear la compañía fantasma, Rodríguez-Cruz solicitó una póliza de seguro de compensación para trabajadores que cubría un período de un año. En la solicitud, Rodríguez-Cruz representó que la póliza cubriría cinco empleados y una nómina anual estimada de $ 121,000. La compañía de seguros emitió la póliza, cobrando una prima de $ 20,473.
Creó una empresa fantasma
Para pagar a los trabajadores, los contratistas escribieron cheques de nómina a la compañía fantasma. Rodríguez Cruz luego cobró los cheques y distribuyó el efectivo a los líderes de la tripulación, quienes pagaron a los trabajadores en efectivo. Ningún impuesto estatal o federal sobre la nómina, como el Medicare y el Seguro Social, fue deducido del pago de los trabajadores, en violación de las leyes federales y de la Florida.
Rodríguez Cruz mantuvo aproximadamente el 4% del monto de cada cheque de nómina como una tarifa. Durante el plan, cobró cheques de nómina para cientos de trabajadores por un total de $15,670,438, con un 4% de comisión de $ 626,817. La prima anual para una póliza de seguro de compensación para trabajadores que cubre ese monto de nómina habría ascendido a aproximadamente $ 2,511,060. Si la nómina total se hubiera informado correctamente al gobierno, los impuestos de nómina debidos habrían sido aproximadamente $ 3,436,008.
'Este caso es otro ejemplo de la experiencia investigativa de HSI en la aplicación de delitos en el lugar de trabajo y los delitos financieros', dijo el agente especial a cargo de HSI Tampa, James C. Spero. 'HSI continúa identificando, interrumpiendo y eliminando los esquemas criminales utilizados para explotar nuestra industria financiera y obtener ganancias de la mano de obra de extranjeros indocumentados'.
'La sentencia de hoy debe enviar un mensaje a las personas involucradas en el negocio de evadir los impuestos al empleo', dijo la agente especial a cargo Mary Hammond de la Oficina de Campo de Tampa, Investigaciones Penales del IRS. 'Que esto sea una advertencia para todos, ya que la aplicación de la ley no permitirá que los contratistas de construcción obtengan una ventaja injusta al infringir la ley'.
Este caso fue investigado por las Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal. Fue procesado por el fiscal federal adjunto Arnold B. Corsmeier.
