El presidente del Partido Liberal de Honduras (PLH), Yani Rosenthal, aclaró este miércoles la posición de su partido respecto a la controvertida Ley de Amnistía Política, destacando que su aprobación no fue responsabilidad de los liberales, sino de otros sectores políticos.
Además, defendió la independencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la reciente decisión judicial que ha generado una ola de reacciones de parte de la oposición política de Honduras.
“La ley de amnistía fue aprobada con 44 votos de Libre y el PSH. No fue el PLH quien la aprobó”, subrayó Rosenthal, distanciándose de la normativa que ha sido objeto de críticas y polémica desde su aprobación y ahora con la resolución de la CSJ.
En su declaración, Rosenthal también destacó la autonomía de los magistrados de la CSJ, señalando que sus decisiones no están influenciadas por él ni por otros líderes liberales.
“La decisión de la CSJ fue tomada por magistrados independientes que no han recibido línea mía, ni de otros liberales. Votan de acuerdo a su criterio legal”, afirmó.
El presidente del PLH fue enfático en que las resoluciones de la Corte Suprema deben ser respetadas, aun cuando no sean compartidas por todos los hondureños.
“Las decisiones de la CSJ las respeto y acato, como están obligados a hacerlo todos los hondureños. Aún aquellos que no las comparten”, concluyó.
Decisión de la CSJ
El Supremo de Honduras declaró este martes “sin lugar” dos recursos contra una ley, conocida como ‘Pacto de impunidad’, mediante el cual se concedió “amnistía general, amplia e incondicional” a funcionarios y otras autoridades electas durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
La votación mayoritaria resolvió que “lo aprobado por el Congreso Nacional (Parlamento) en su totalidad, es constitucional de acuerdo al voto mayoritario de los miembros del pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia” y que “lo que se declara es sin lugar”, agregó.
La polémica norma sobre la que deliberó el pleno del Supremo, fue promulgada por Castro en 2022 y concede “amnistía general, amplia e incondicional” a funcionarios, empleados o autoridades electas durante el Gobierno de Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando le faltaban siete meses para finalizar su mandato.