La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destacó la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ratifica la constitucionalidad del controvertido Decreto 04-2022, el cual ha sido objeto de críticas en los últimos meses.
En sus redes sociales, Castro expresó que esta decisión marca el fin de una era de “cruentos ataques del golpismo” y pone un alto a la persecución política que, según la mandataria, se desató tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
“La histórica resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ratifica la constitucionalidad del Decreto 04-2022, pone fin a los cruentos ataques del golpismo y a la persecución política desatada contra las víctimas del violento golpe de Estado del 28 de junio”, afirmó la presidenta Castro.
Asimismo, la mandataria señaló que el golpe de Estado “impuso, mediante fraudes, a un dictador que ahora ha sido condenado por narcotráfico en Estados Unidos”, en clara alusión al expresidente Juan Orlando Hernández.
Resolución de la CSJ sobre la Amnistía Política
El Supremo de Honduras declaró ayer martes “sin lugar” dos recursos contra la ley, conocida como ‘Pacto de impunidad’, mediante el cual se concedió “amnistía general, amplia e incondicional” a funcionarios y otras autoridades electas durante el Gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
Después de una reunión del pleno de magistrados se ha “determinado por mayoría de votos, en una votación de diez a cinco, declarando sin lugar dos recursos de inconstitucionalidad acumulados”, dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ, Melvin Duarte.
Agregó que los dos recursos fueron enviados por la Sala de lo Penal en contra del decreto 04-2022, “contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”, más conocido entre los hondureños como ‘Pacto de impunidad’, por considerar que bajo el paraguas de esa amnistía se ha favorecido a exfuncionarios que cometieron presuntos actos de corrupción durante el Gobierno de Zelaya (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009).
Duarte subrayó que el pleno de los magistrados declaró la “inconstitucionalidad” de los recursos presentados contra el decreto 04-2022, en una votación de diez a favor y cinco en contra.
La votación mayoritaria resolvió que “lo aprobado por el Congreso Nacional (Parlamento) en su totalidad, es constitucional de acuerdo al voto mayoritario de los miembros del pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia” y que “lo que se declara es sin lugar”, agregó.
Controvertida Ley de Amnistía Polítca
La polémica norma sobre la que deliberó el pleno del Supremo, fue promulgada por Castro en 2022 y concede “amnistía general, amplia e incondicional” a funcionarios, empleados o autoridades electas durante el Gobierno de Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando le faltaban siete meses para finalizar su mandato.
La amnistía incluye a las personas que fueron “víctimas del golpe de Estado (a Zelaya), requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”.
También favorece a las personas que se manifestaron y fueron “reprimidas por acciones policiales y militares, y criminalizadas por el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas”.
La ley ordena que el Poder Judicial, Ministerio Público y dependencias policiales, militares y penitenciarias que tengan registros o antecedentes sobre las personas beneficiadas por la amnistía, deben “proceder al cierre administrativo de los mismos y al archivo de las diligencias”.
El documento también deroga el decreto legislativo 141-2009, rechaza y condena el golpe de Estado contra Zelaya, quien fue derrocado cuando promovía una consulta popular ilegal, según sus detractores.
