Firmas
En la asamblea de las autoridades departamentales y fuerzas vivas de Colón se acordó además recolectar unas 3,000 firmas para presentarlas en el Congreso Nacional antes del 28 de agosto, fecha máxima dada al Congreso Nacional para derogar el decreto 17-2012. La normativa entró en vigencia en 2013 durante al gestión del presidente Porfirio Lobo Sosa. El mismo fue impulsado por los congresistas y la Secretaría de Seguridad debido a los altos índices de criminalidad provocados por el conflicto de tierras en el Bajo Aguán.
Cerrar todos los accesos al departamento de Colón este 28 de agosto acordaron empresarios, autoridades locales y fuerzas vivas si el Congreso Nacional no deroga el decreto 17-2012, que prohíbe la portación de armas en el sector.
El ultimátum lo anunciaron en la última reunión en Tocoa, en donde coordinaron las protestas a llevar a cabo. El decreto entró en vigencia en 2013 con el fin de bajar los altos índices de violencia en el departamento. Sin embargo, todos los sectores que ahora se oponen denuncian que ha fracasado, ya que Colón sigue siendo uno de los departamentos más violentos del país.
Desde entonces a la fecha ocurrieron un poco más de 2,000 asesinatos, el 90% de estos son con armas de fuego, conforme a registros policiales.
El año pasado se cerró con 199 homicidios y este año ya se superan los 140. Antes de la normativa se tenía una cifra inferior cada año de muertes, según datos oficiales.
" Para nosotros, es positivo porque se decomisan armas, pero seguiremos trabajando con decreto o no. "
De acuerdo con datos policiales, en los últimos cinco años solo unas 350 armas han sido decomisadas. “La decisión ya se tomó de cerrar el departamento. Tenemos un buen número de personas que piden que se derogue. Los índices de mortalidad con armas de fuego no bajan”, dijo Mauricio Artica, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tocoa.
Favorable
Para los altos mandos policiales de Colón, el decreto es una herramienta importante. “Como sea nosotros siempre hacemos el trabajo. Casi todos los meses hay decomiso de armas y han bajado las muertes violentas, sobre todo Trujillo”, expresó Cristóbal Muñoz, jefe policial de Colón.
Los empresarios aseguran que están desarmados, mientras los delincuentes portan armas de grueso calibre con los que asaltan sus negocios y carros repartidores.
" Nos han enseñado que si no es una medida de fuerza no nos responden, y tenemos derecho a defendernos. "
Hace poco más de un año, diputados del departamento de Colón introdujeron al Congreso Nacional una iniciativa para derogar el decreto; sin embargo, no ha pasado a dictamen.
“El delincuente anda bien armado y no le pide permiso a nadie, pero la persona honesta, al productor, que tiene que ir a pagar una planilla de pago a sus empleados, el delincuente solo lo está esperando”, manifestó Ramón Soto, diputado por Colón.
El 20 de julio recién pasado, Edman Dubón, diputado de Libre, presentó otra iniciativa de ley en el Congreso Nacional para la derogación del decreto.
“La razón de ser de esta prohibición no ha dado frutos, más bien ha venido a afectar porque el ciudadano honesto no se puede proteger, por eso hemos sometido al Congreso el proyecto de derogación del decreto”, apuntó el congresista.
Quienes exigen la derogación de la prohibición son las autoridades civiles y empresarios y diferentes organizaciones civiles, ya que son los más afectados por los asaltos y atentados criminales.
La población en general asegura que el decreto debe continuar, “ya que si lo quitan la criminalidad va a aumentar porque será permitido andar con armas, los delincuentes solo las van a legalizar”, opinó Olvin Izaguirre, un ciudadano de Tocoa.
