El conflicto minero en Tocoa, departamento de Colón se remonta al año 2014 cuando el Estado le otorga las conseciones mineras ASP y ASP2 a la empresa Los Pinares e Inversiones Ecotek, propiedad del empresario Lenir Pérez, para instalar una planta peletizadora de óxido de hierro y una termoeléctrica a base de coque de petróleo.
La de ASP de 100 hectáreas la licencia ambiental vence en marzo de 2025, mientras que la ASP2, también de 100 hectáreas expira en el presente mes de septiembre.
La empresa construyó su base de operaciones a 50 metros del río Guapinol y a menos de un kilómetro de la aldea del mismo nombre, jurisdicción de Tocoa.
La minera tuvo un costo de 120 millones de dólares, (unos 2,958 millones de lempiras). Desde un inicio el proyecto contó con la oposición de líderes ambientalistas de la zona, quienes denunciaron a la Fiscalía que la minería a cielo abierto, provocaría daños ambientales al río Guapinol y San Pedro. Además afecta la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, a la cual se le redujo el área protegida, de 24.223 a 24.006 hectáreas.
Un años después de la concesión minera y constatar los daños al río Guapinol, en 2015 se crea el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Esta organización está integrada por los Comités Ambientales de comunidades como San Pedro, Abisinia, Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa); Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y la Parroquia San Isidro de Tocoa.
Entre los miembros que la integran se encontraba Juan Antonio López, ambientalista asesinado por un sicario la noche del sábado 14 de septiembre cuando salía de un una iglesia en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón.
Desde que inició la lucha por la protección de los ríos Guapinol y San Pedro, los miembros del Comité Municipal de Defensa, comenzaron a ser amenazados por denunciar que la empresa Los Pinares no contaba con las licencias ambientales. Estas acusaciones fueron negadas por ejecutivos de la empresa quienes aseguraron que su operación era legal. Actualmente las operaciones están suspendidas.
Víctimas del conflicto
A la fecha el conflicto minero en Colón, ha cobrado la vida de unos 13 defensores del ambiente, otros han sido criminalizados por defender los ríos y la tierra.
Entre los ambientalistas fallecidos están Francisco Ruíz, integrante de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán y de Copa. Su muerte ocurrió el 8 de marzo de 2022 en aldea La Brea municipio de Trujillo. Marco Tulio Paredes Molina, miembro de la cooperativa Campesina 21 de Julio, muerto el 27 de mayo de 2022 en Marañones, Trujillo. Marta Elizabeth Colindres de la Cooperativa Brisas del Aguán, el 30 de julio de 2022 en aldea Salamá, municipio de Tocoa.
Asimismo Mauricio Esquivel de la Empresa Cooperativa de Producción Agropecuaria de Campesinos “El Tranvío”, su muerte ocurrió el 21 de diciembre de 2022 en la comunidad Quebrada de Arena de Tocoa. Marco Antonio Pineda presidente de la Cooperativa Campesina 21 de Julio”, asesinado el 27 de mayo de 2022 en Marañones, Trujillo. Jairo Bonilla y Aly Domínguez, ambientalistas y miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Ambos crimenes ocurrieron el 7 de julio de 2023 en aldea Guapinol en Tocoa.
José Omar Cruz Tomé, defensor de la tierra y el territorio, miembro de la Cooperativa Agropecuaria los Laureles, su muerte ocurrió el 18 de enero de 2023 en Tocoa. Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas (de 15 años), defensores de la tierra y el territorio de la Empresa Asociativa Campesina de Producción “Gregorio Chávez”. Ambos asesinatos se registraron el 12 de febrero de 2023 en Trujillo. Alexis Pérez, Defensor de la tierra y el territorio, Cooperativa 9 de Diciembre en Rigores Sonaguera, Colón el 21 de febrero de 2023.
Emerson Martِínez, defensa de la tierra y el territorio, Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, Tocoa, el 25 de marzo de 2023 en Tocoa. Oscar Oquelí Domínguez, defensor ambientalista del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, el 15 de junio en aldea Guapinol en Tocoa. José David Fortín, defensor de la tierra y el territorio, miembro de la cooperativa Agropecuaria Campesina Tarros Limitada, el 24 de septiembre en aldea Los Tarros Trujillo. Kevin Nazahel Meza, defensor de la tierra y el territorio, Empresa Asociativa Campesina de Isletas, el 14 de octubre en finca El Guanacaste, municipio de Sabá.
El caso más reciente es la del ambientalista Juan Antonio López quien murió acribillado a balazos la noche del sábado 14 de septiembre cuando salía de una iglesia Católica de la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón. López era regidor de la alcaldía de Tocoa, concejal del Partido Libre y delegado de la palabra de la iglesia Católica. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre 2022 y 2023 unos 30 ambientalistas y defensores de la tierra han muerto de manera violenta.
Otros ambientalistas del departamento de Colón han sido criminalizados. Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz, residentes en la comunidad de Guapinol, fueron liberados en abril de 2022, tras pasar dos años en prisión, por presunta asociación ilícita, robo e incendio agravado por oponerse a la concesión de la explotación minera de la empresa Inversiones Pinares.
Los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, han protagonizado otros hechos en su lucha por la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro. En junio de 2018 se tomaron la municipalidad de Tocoa por más de diez días, para solicitar un cabildo a la corporación municipal. El 1 de agosto de 2018, los residentes de Guapinol y otras comunidades de Tocoa establecieron un campamento y bloquearon el tránsito de la maquinaria de la empresa minera Los Pinares. El campamento fue desmantelado violentamente por los militares el 27 de octubre tras una orden de un juez.
