Tegucigalpa
“La sentencia no tiene el propósito de perseguir absolutamente a nadie que haya provocado la creación de las zede, solo se busca devolver la autonomía al Estado”, aseguró el magistrado Mario Díaz.
El viernes, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el decreto 236-2012, que reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Carta Magna, así como el decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo (zede), aprobadas en 2013, vulneran la Constitución de la República.
El fallo del pleno, en el que fueron integrados cinco magistrados suplentes, es con efecto anulatorio de origen por vulnerar artículos pétreos establecidos en el texto constitucional.
Pero el magistrado Mario Díaz asegura que no se busca perseguir a los diputados del Congreso Nacional que las respaldaron. Insistió en que el objetivo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es restablecer el orden previo a la reforma constitucional que introdujo las zede en el país.
Al ser consultado sobre si el fallo de inconstitucionalidad podría ser utilizado como un arma política en contra de la oposición, Díaz enfatizó en que “eso ya escaparía de la responsabilidad de la resolución, porque solo se busca resolver el entuerto jurídico y el problema de inconstitucionalidad de la norma. Nos responsabilizamos de la sentencia y de las motivaciones y explicaciones que daremos en ella, pero otro tipo de situaciones se escapan de nuestro control y responsabilidad”.
Reacciones
La resolución de la Corte abrió un debate con opiniones encontradas a la clase política, quienes por un lado piden que diputados que impulsaron este régimen deben ser juzgados, mientras de otro lado aseguran que con el fallo se ahuyenta la inversión.
Juan Diego Zelaya, exdiputado y aspirante a alcalde de la capital, dice que el asunto de las zede es una cortina de humo “para que no hablemos de la extradición, de los videos de la mitad. Lo que hizo la Corte fue darle una estocada a la atracción de la inversión, ¿quién va a querer venir a invertir a un país que no da garantías?”.
Claves
1_ Tres son las zede que operan en Honduras: Próspera en Roatán, constituyéndose en 2017; Ciudad Morazán en Choloma, constituida en 2018, y Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca, se constituyó en junio de 2021.
2_ El analista Olban Valladares dice que “hay un proyecto político en este asunto de querer hacer las cosas a la carrera porque se está terminando el período presidencial y ellos necesitan antes de que termine septiembre como en otros proyectos que están acelerados.
Ramón Barrios, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), es del criterio de que “hay una responsabilidad por un lado de orden civil y administrativo de los congresistas que aprobaron esa violación constitucional, de la cual no estaban autorizados en ese momento, y que efectivamente trae consecuencias jurídicas”.
Barrios explicó que los diputados que aprobaron las zede podrían enfrentar sanciones administrativas de la Procuraduría General de la República (PGR) para cobrarles los daños al Estado, además de posibles responsabilidades penales a cargo del Ministerio Público.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos advierte que declarar inconstitucionales las zonas de empleo y desarrollo económico desde su origen generaría caos e inseguridad jurídica, ya que todas las acciones previas serían invalidadas retroactivamente. Barrientos también señaló que es raro e inusual que un fallo de inconstitucionalidad sea retroactivo y anticipó una posible ola de demandas internacionales.
