Una conciliación municipal podría solucionar el conflicto social en el río Cangrejal, que involucra a unos extranjeros quienes en dos ocasiones han corrido de un balneario público a visitantes locales, luego que los entes estatales que investigan el caso no encuentran un delito cometido en este atractivo del municipio de La Ceiba, Atlántida.
Luego de un nuevo incidente el fin de semana en la poza La Herradura del río Cangrejal, donde una ciudadana de nacionalidad canadiense, le reclamó a unos visitantes por disfrutar este atractivo publicó, una comisión liderada por la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Instituto de Conservación Forestal (Icf) y del Congreso Nacional, se trasladó a esta a la zona, para documentar de nuevo este caso.
A finales de enero, un grupo de visitantes fueron expulsados por las mismas personas de este sitio.
“Es básico citar a la dueña de la propiedad, porque al ser extranjera puede pasar por un tema de falta de conocimiento de ley”, explicó Allan Flores, jefe regional del Icf en el litoral Atlántico. Este caso pasa también por una comunicación y acercamiento, “con Catastro Municipal y también el juez de policía porque estamos considerando que incluso pueden ayudar a resolver conflictos de ese tipo”, indicó Flores.
No hay acción penal
“En estas inspecciones nos hemos dado cuenta que hay un tema de conciliación. Que hay títulos de propiedad y hay que saber interpretar la ley en cuanto al cauce del río, hasta dónde se puede titular”, recordó Ariel Montoya, diputado por el departamento de Atlántida y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Legislativo.
El legislador insistió en la necesidad de seguir profundizando a todo lo largo de la rivera del río. “Está el tema de los pasos de servidumbre que también, la ley estipula que cada 300 metros debe de haber uno y eso también se estaría solicitando”, dijo.
El Ministerio Público atendió de oficio este caso que se viralizó en las redes sociales en enero pasado “y se procedió hacer las investigaciones pertinentes con el acompañamiento de la Dpi (Dirección Policial de Investigaciones)”, recordó Selvin Fernández, vocero de la Fiscalía del litoral atlántico.
Por los momentos la Fiscalía, no ha encontrado un delito por el cual se pueda acusar a los extranjeros, “en este momento no vemos un daño ambiental u otro tipo de situaciones que puedan ser un delito penal; vemos algo civil y administrativo, que se puede resolver mediante un diálogo y aclaraciones”, declaró Fernández.
Biólogos, investigadores y procuradores de la PGR, se trasladaron de Tegucigalpa para documentar de nuevo este caso, pues ya se habían hecho visitas a este sitio con el primer suceso en enero.
“Vamos hacer diferentes acciones, para establecer si hay delito dentro de los que es la zona y así esclarecer el caso”, anunció Eduardo Salinas de la dirección de ambiente de la PGR.
Por los momentos se están haciendo las mediciones correspondientes en lo que se refiere al río “con la cercanía de lo que son los terrenos donde se alega que son privados”, mencionó Salinas.
Además de las inspecciones, la comisión se reunirá con autoridades del Instituto de la Propiedad (IP) y Catastro Municipal de La Ceiba, “para poder esclarecer todas las mediciones exactas para resolver este caso lo más pronto posible”, anunció.
También se citarán a las personas involucradas en el caso, “para que establezcan con exactitud qué fue lo que sucedió y se esclarezca todo, y así nosotros podamos actuar en este sentido”, adelantó Salinas.
En este sitio en disputa, no solo está el caso de los extranjeros, “la información que se tiene es que hay varios propietarios”, expuso el funcionario.
