La comisión interventora y actual administradora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, Inprema, derogó los artículos que permitían a los colegios magisteriales hacer préstamos en la institución.
La información fue confirmada por la presidenta de la interventora, Vilma Cecilia Morales, quien señaló que los artículos derogados eran ilegales y arbitrarios. “Revisando su marco legal caímos en cuenta que nunca el magisterio debió haber gozado de préstamos y dinero del Inprema”, dijo Morales. La también presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS, indicó que la razón es que “ellos (colegios magisteriales) no son cotizantes y ya la ley es clara, así que no es sólo un reglamento arbitrario, sino ilegal”. Explicó que el reglamento que estaba vigente antes de la intervención del Inprema concedía beneficios y tasas de interés privilegiadas. “No podían seguir siendo beneficiados por recursos importantes del Inprema en perjuicio de sus propios intereses”.
Las deudas de los colegios magisteriales con el Inprema son uno de los problemas que contribuyeron a que el instituto de previsión esté en precariedad. Cuatro colegios magisteriales y la Asociación de Maestros Jubilados deben a la institución 146 millones de lempiras.
El Pricphma es el principal deudor. Esta organización le debe al Inprema una suma que ronda los 108 millones de lempiras, prestados para construir un edificio en la colonia Luis Landa. El informe que ofreció la comisión interventora señala que “se otorgaron préstamos al margen de la ley a los colegios magisteriales”.
La Ley del Inprema establece que “los beneficios que el instituto otorgará son específicamente para los participantes del sistema. En este caso, los colegios magisteriales no califican como participantes”.
Otros cambios
“Todo lo que tenía que ver con perjuicios económicos para la institución han ido siendo eliminados. Había resoluciones que de alguna manera el directorio había adoptado” que perjudicaban al Inprema, aseveró.
Morales explicó que, además de la derogación de los préstamos a los colegios magisteriales, se suspendió la última resolución tomada por el directorio, que era despedir a los empleados que tuvieran un sueldo superior a 30,000 lempiras. “Me parece que esto violaba convenios internacionales que el Estado tiene, leyes constitucionales y del Código del Trabajo cuando no existe una causal de despido”, señaló Morales.
La funcionaria dijo que despedir al personal del Inprema representaba un impacto de 130 millones de lempiras, que dejaría de erogar en sueldos la institución.
Sin embargo, “cuando se efectuara el despido, después venían salarios caídos, lo que hubiera llevado al Inprema a satisfacer las pretensiones laborales de estas personas y pagarle a un profesional del derecho, conocedor de estos temas”. Por ello, los costos habrían sido superiores, explicó la presidenta de la CNBS.
La comisión interventora fue facultada para intervenir la institución mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
