El escabroso camino por el que han tenido que transitar los habitantes del valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán, está por concluir; pero también queda todo un ambiente de contaminación ambiental, unas 500 personas enfermas, indiferencia de las autoridades y una justicia que se llevó el viento.
Estos pobladores han tocado las puertas de la Fiscalía, de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, del Congreso Nacional, del Ministerio de Salud y de la Corte Suprema de Justicia, y nunca pudieron conseguir que les dieran la razón. El Comité Ambiental, integrado por Pedro Landa, Rodolfo Arteaga, Carlos Amador y Róger Abraham Escober, ofreció una conferencia de prensa para denunciar lo que ellos llaman el “último golpe” sobre sus “contaminadas espaldas”.
Resulta que la jueza Ingrid Banegas, titular del juzgado de Talanga, recientemente le dio la razón a la empresa minera Entremares -que está por abandonar el país- en el sentido de que no tiene ninguna responsabilidad en la contaminación de las aguas del valle de Siria ni en el deterioro de la salud de unas 500 personas que aseguran padecer enfermedades en la piel, caída del cabello, picazón y hongos.
Informaron que la jueza en el fallo argumenta que “no hubo intención” de la empresa minera de contaminar la zona. “Nosotros decimos que sí hubo negligencia porque no tomó las precauciones en el uso de metales pesados en la explotación minera como arsénico, cianuro, plomo, cadmio y aluminio”, dijeron los representantes del valle de Siria.
Se quejaron del Ministerio Público porque no obstante haber recibido unas 20 denuncias relativas a la contaminación nunca hizo nada. Igualmente lamentaron que las autoridades escondieron el resultado de las pruebas de laboratorio que el gobierno de Zelaya mandó a hacer a Colombia y que confirmaron que la sangre de las personas evaluadas estaba contaminada de arsénico, uno de los químicos más peligrosos.
El Comité Ambientalista denunció, asimismo, la apatía de las autoridades de Salud, que no volvieron a poner un pie en las comunidades de El Pedernal, Palos Ralos, El Escanito, Guayabillas y El Porvenir, las zonas más afectadas por la contaminación.
“Esto demuestra que la justicia en Honduras no es un derecho para la gente pobre y que siempre se tuerce en función de los interés de las empresas transnacionales”, advirtió Pedro Landa, representante del Centro Hondureño para la Promoción y el Desarrollo Comunitario, Cehprodec.
La empresa Entremares, subsidiaria de la transnacional minera Goldcorp, cuya sede principal se encuentra en Canadá, operó durante diez años instalada en el valle de Siria, tiempo en el cual, según las denuncias, causó daños irreversibles a la salud humana y al ecosistema.
