El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó indicios de responsabilidad penal en una auditoría realizada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) por la aplicación de condonaciones y amnistías a usuarios deudores del servicio de energía por un monto de 1,836 millones de lempiras.
La auditoría remitió el informe al Ministerio Público (MP) con el fin de que se pueda deducir la responsabilidad a los responsables de las actuaciones.
El TSC respondió a una denuncia en la cual se señaló una mala gestión de fondos públicos por parte de la Enee en la aplicación irregular de amnistías y condonaciones en el marco de los decretos legislativos números 129-2017, 51-2018 y 26-2019, del periodo comprendido del año 2018 al 2019.
La investigación la hizo la Dirección de Participación Ciudadana con el objetivo de determinar el alcance de los decretos, verificar su cumplimiento, y encontró que el Estado dejó de percibir los 1,863 millones de lempiras.
Por concepto de condonaciones de capital, recargos, multas e intereses, el Estado dejó de percibir 1,192,417,770.35 lempiras y 644,423,754.26 lempiras por la amnistía a saldos a pagar sin recargos, multas e intereses.
Fueron un total de 42,905 usuarios favorecidos bajo la figura de condonación. La aprobación para la condonación de capital adeudado por energía consumida y no pagada benefició a usuarios que no cumplieron con sus obligaciones ante la Enee, advierte la auditoría.
Señala que los investigadores lograron determinaron la existencia de un grupo de usuarios que arrastra una mora que supera el medio millón de lempiras, perteneciendo estos a una zona residencial.
Entre otros favorecidos figuran el Ministerio Público, la alcaldía de Sinuapa, Ocotepeque, y Óscar Kilgore, exalcalde de San Pedro Sula.
