Tegucigalpa, Honduras
El marco legal educativo de Honduras tiene “vacíos” para proteger a los docentes afectados por la violencia y la extorsión, las principales causas que provocan su desplazamiento forzado, conforme a un estudio presentado ayer.
El documento, titulado Impacto de la violencia en 220 centros educativos de Tegucigalpa , fue presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Save the Children.
Los maestros asignados a zonas violentas manifiestan un “claro impacto a nivel mental y emocional”, ya que la extorsión, el acoso sexual, la impotencia, desconfianza y la estigmatización afectan su “desempeño, la confianza en la institucionalidad y profundizan la fractura al interior de la comunidad educativa”, señala el informe. Entre 2016 y 2017 se registraron “1,445 casos en situación de riesgo o desplazamiento interno forzado” e identificó a los docentes como el tercer grupo más afectado.
