Las nuevas formas con las que se cometen los delitos han generado a lo largo de las últimas tres décadas -por dar un número- que el sistema judicial hondureño precise de la actualización de muchos de sus códigos y leyes.
Preceptos que datan del siglo XIX y que desde que fueron creados sufrieron muy pocas reformas son el ejemplo de que la aplicación y el trato de la justicia en el país debería experimentar ciertos cambios.
Uno de los claros modelos arcaicos es el Código de Comercio de Honduras. Esta norma fue emitida el 15 de septiembre de 1898 y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de diciembre de ese mismo año. Desde el 1 de enero de 1899 en el país se empezaron a regir esos asuntos del comercio con el Código, inspirado en el derecho mercantil, que ha sufrido a lo largo de estos años pocas reformas.
Otro de los reglamentos legales que su elaboración se remonta a más de 100 años es la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (Loat). La Loat experimentó muy pocas modificaciones desde su construcción y esto ha pasado factura en la aplicación de una justicia efectiva, afirman los propios juristas encargados de aplicarla.
Así, unos cuantos códigos más requieren que tanto los impartidores de justicia como el Congreso Nacional se sienten para actualizarlos y que con ello se dé una mejor aplicación de la justicia en esta época de modernidad. En cambio hay leyes, como el Código Penal, que en los últimos 25 años se han creado dos nuevos.
Versados en la materia
Para Edy Tábora, exfiscal del Ministerio Público, ahora miembro del staff de abogados del bufete Justicia para los Pueblos, el problema fundamental del sistema normativo del país es que hay una dispersión normativa y que se han generado muchas reformas aisladas, acomodadas a intereses particulares.
“Tenemos la Ley de Comercio Electrónico; sin embargo, no se han hecho en el marco de una agenda legislativa para actualizarlo. Sí se han hecho algunas reformas, pero aisladas”, señaló Edy Tábora.
Por este desfase y cuestionable atraso de los preceptos hondureños vigentes, según el especialista en derecho penal y catedrático universitario Raúl Pineda Alvarado, “el sistema jurídico hondureño requiere una revisión general a efecto de actualizarlo con las nuevas líneas de la dogmática”.
Esto debería ser así porque son leyes que se efectuaron cuando no se habían dado los dos grandes acontecimientos que transformaron el derecho, argumentó Pineda. Estos dos eventos, se trata del juicio de Nuremberg (entre noviembre de 1945 y octubre de 1946) y el otro fue la irrupción de la Teoría de los Derechos Humanos.
El versado penalista explicó que actualmente “se da otro fenómeno; es el que tiene que ver con el mundo digital. Las leyes, por ejemplo, en materia penal, deben contemplar nuevas formas de delincuencia que tienen que ver con la informática o con aspectos de la identificación de las personas”.
Es preciso, para la persecución y juzgamiento de los denominados ciberdelitos, que las leyes hondureñas incluyan los procedimientos para poder judicializar y condenar a los que los cometen, materia que está pendiente. Expertos dicen que no solo es en este caso incluir los ciberdelitos en las leyes hondureñas, sino que jueces tengan conocimiento.
Reconocen la situación
En el caso puntual de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, que entró en vigencia en marzo de 1906, siendo presidente de Honduras el general Manuel Bonilla, de acuerdo con el magistrado de la Sala Penal, Walter Miranda, esta sí debería de ser revisada.
“Es pertinente una nueva ley que regule la relación del Poder Judicial y las atribuciones de los jueces; sí considero loable que se pueda elaborar una nueva ley porque esa (la vigente) sí ya es bastante obsoleta”, reconoció el coordinador de la Sala Penal.
El jurista recomendó que el Congreso Nacional, que es el que tiene la facultad privativa de elaborar nuevas leyes, “se tomen la liberalidad de poder hacerlo aunado con nosotros en el Poder Judicial”.Miranda reiteró que la Loat está desfasada, más no así el Código Civil, puesto que este sigue cumpliendo con sus funciones, regulando la relación entre particulares.
