Diversos sectores productivos del país y los transportistas, estos últimos los más golpeados por las extorsiones, cuestionan la efectividad del estado de excepción parcial, ya que los delitos de extorsión, homicidio y secuestro están a la orden del día.
El Gobierno, mediante decreto ejecutivo PCM 20-2022, promulgó el estado de excepción en diciembre de 2022 para combatir la extorsión y otros delitos, posteriormente hizo una segunda ampliación. La tercera prórroga fue publicada en el diario oficial La Gaceta tras ser aprobada en Consejo de Ministros, extendiéndose hasta el 21 de mayo, quedan suspendidas la garantías constitucionales en 123 de los 298 municipios del país.
De acuerdo con las autoridades policiales, el estado de excepción ha permitido la captura de más de un centenar de integrantes de maras y pandillas vinculadas al delito de extorsión.
Sin estrategias
Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), dijo que a inicios de año hicieron una encuesta a las empresas sobre seguridad y concluyeron que la inseguridad era un detonante no solo para no generar fuentes de empleo sino que también se estaban perdiendo por el cobro de extorsión.
“Nosotros cuando se habló del estado de excepción pensamos que venía acompañado de una serie de acciones disuasivas para posteriormente contrarrestar de frente el flagelo de la inseguridad. Podemos decir que sí han habido algunas acciones, pero todavía aún no responden a las grandes necesidades que se tienen en el valle de Sula y sobre todo en Choloma”, expresó la ejecutiva. Lamentó que se carece de la presencia de militares y policías en las calles de Choloma.
Más datos
El estado de excepción en el país abarca 123 municipios y suspende seis derechos garantizados en la Constitución. Estos incluyen la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.
“No hay un plan estratégico sectorial porque cada municipio tiene su particularidad y no hemos visto de parte de las autoridades de seguridad un plan claro, ni la movilización de recursos y fondos para poder contrarrestar”.
Mejía cuestionó que el Gobierno no tenga un plan concreto, porque no solo es el tema disuasivo, sino que también se debe trabajar en la prevención.
“Esa es la apuesta a largo plazo, sabemos que hay una taza de seguridad con un porcentaje que tiene que invertirse en temas de prevención que no se están ejecutando de la mejor forma”, expresó Mejía al señalar que la inseguridad frena la inversión en el país.
Transportistas, golpeados. José Lanza, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, señaló que el transporte es el rubro más golpeado con el pago de extorsión.
“La extorsión es un mal que debe erradicarse, en algunos lugares no existe porque la gente se ha tomado la justicia por sus propias manos”, dijo.
La semana pasada, los buses urbanos en Santa Bárbara estuvieron parados más de cuatro días.
Jorge Lanza, dirigente de transporte a nivel nacional, asegura que el estado de excepción es una ayuda enorme, “lo único es que el mal radica desde hace muchos años y no es de un solo que lo van a quitar. Les he dicho a las autoridades que deben tener paciencia y hacer las cosas con voluntad, pero tenemos un gran problema, el ministro de Seguridad ha dicho que no ha sido apoyado con la parte económica y eso es difícil para gozar de seguridad amplia, pero confiamos en que la presidenta pueda asignar los fondos”.
El transporte, al igual que otros negocios, continúan pagando el “impuesto de guerra”.
“En San Pedro Sula estuvieron unas unidades paradas y por medio de la seguridad que les brinda la Policía salieron a trabajar, pero hay algunas que no han podido salir; al igual que en la capital que tenemos dos rutas que no han podido salir, es sumamente difícil”, lamentó el dirigente del transporte a nivel nacional.
El fin de semana, la dirigencia del transporte dijo que sale más barato entregar las unidades al crimen organizado.
