Tegucigalpa, Honduras.
La Corte Suprema de Justicia ( CSJ) condenó este miércoles 'cualquier acción que implique algún tipo de presión proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o extranjeros'.
El presidente de la CSJ, Rolando Argueta, compareció ante los medios de comunicación y leyó un comunicado en donde dijo que 'la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad'.
Las declaraciones de Argueta surgen horas después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( Maccih) denunciara un presunto plan para dejar en impunidad el caso 'red de diputados'.
La Corte Suprema de Justicia ( CSJ) condenó este miércoles 'cualquier acción que implique algún tipo de presión proveniente de personas, instituciones o grupos, nacionales o extranjeros'.
El presidente de la CSJ, Rolando Argueta, compareció ante los medios de comunicación y leyó un comunicado en donde dijo que 'la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad'.
Las declaraciones de Argueta surgen horas después de que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras ( Maccih) denunciara un presunto plan para dejar en impunidad el caso 'red de diputados'.
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Argueta Pérez agregó que se respetarán los 'elementos democráticos' que son fundamentales para la independencia judicial, además del principio de legalidad y el respeto de disposiciones constituciones.
'No existe sometimiento ni jerarquía', dijo Pérez, al recordar que Honduras cuenta con un sistema republicano en donde existe independencia de poderes.
Agregó que 'ineludiblemente las acciones de los órganos jurisdiccionales están funcionando de forma independiente' y reiteró que van a mantener la 'posición de salvaguardar la independencia judicial'.
La Corte Suprema 'rechaza influencias a las resoluciones que atentan a la independencia', sostuvo el alto funcionario.
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La Maccih acusó este miércoles al gobierno de reformar una ley para proteger a los funcionarios corruptos.
El peruano Juan Jiménez, jefe de la Misión, creada en 2016 por la OEA, dijo en rueda de prensa que los compromisos internacionales obligan al Estado a 'la derogatoria inmediata' de la reforma a la Ley de Presupuesto de 2018.
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Jiménez explicó que el cambio, aprobado por el Congreso el 18 de enero, 'pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de dineros públicos'.
La reforma estipula que mientras se esté realizando una auditoría 'no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea administrativa, civil o penal' del funcionario involucrado.
La investigación abarca a 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso Mauricio Oliva, así como a altos funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de más de 30 oenegés que quedarían en 'impunes' si se mantiene la reforma.
