La comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra enfrenta una serie de desafíos para acabar con la crisis agraria que arrastra desde hace décadas el país.
Pero el principal reto será impulsar el desalojo de más de 30,000 hectáreas de tierras privadas que están invadidas por supuestos campesinos en Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Cortés y Choluteca, conforme al sector empresarial.
“Vemos con mucho positivismo que se comiencen a realizar acciones tendientes a erradicar definitivamente la invasión de tierras, y en esto se manda ese mensaje de que es indispensable tanto a nivel nacional como internacional, y es que en Honduras se da respeto a la propiedad privada, a la libertad de empresa”, declaró Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
Ayer, la denominada Plataforma Agraria del Aguán rechazó la creación de la Comisión de Seguridad Agraria porque nació en el “seno del Consejo de Defensa y Seguridad por el carácter policial y militar que le otorga la comisión, que en contraste no incorpora la voz directa de los involucrados, de los campesinos”.
Afirman, los representantes de la Plataforma que la comisión “nos pone en alerta máxima”.
