Cerca de la mitad de la población, o sea 444 mujeres entre nacionales y extranjeras que albergaba la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara hasta antes de la tragedia que acabó con 46 de ellas (último balance), estaba enfrentando un proceso ante los tribunales de justicia por delitos como extorsión, secuestro y asesinato.
Mientras tanto, el número de sentenciadas ascendía a 472 y un total de 73 estaban con la medida de preliberación ( privilegio de salida los fines de semana).
Ambas cifras pudieran cambiar ahora puesto que entre las víctimas mortales se desconoce aún quiénes tenían cuentas pendientes en los juzgados o ya estaban condenadas.
Este medio de comunicación intentó conocer el estatus penal o etapa procesal de las personas fallecidas identificadas, pero hasta ayer no lo tenían registrado las autoridades penitenciarias; sin embargo, se supo mediante otras fuentes oficiales que algunas de ellas estaban a punto de salir, incluso una recibiría su carta de libertad ayer miércoles.
Mayra Euceda, abogada especialista en materia penal y quien ha llevado algunos casos en esta cárcel de mujeres, lamentó que muchas de ellas aún estén siendo sometidas a procesos judiciales sin conclusión, sin el apoyo ni asistencia de los profesionales del derecho públicos.
“Hay una sobrepoblación increíble y un rezago de casos enorme en esta prisión. Deberían agilizar los procesos para despachar a estas mujeres que ya no tienen cuentas pendientes”, recomendó.
La prisión de Támara también mantiene en un espacio denominado Hogar Casa Cuna a ocho embarazadas, 17 niños y cinco niñas, de cuyo estado de salud se desconocen los detalles.
Por esto, la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) presentó en las últimas horas un recurso legal de hábeas corpus y que se verifique sus condiciones y seguridad.
Ataques
Los últimos informes indican que entre las 46 víctimas en la cárcel figuran 23 decesos producto de impactos de bala y arma blanca, así como 23 calcinadas. Varios de los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras que la mayoría están pendientes de ser reclamados o identificados por Medicina Forense.
Este procedimiento se lleva a cabo desde ayer en Tegucigalpa entre el dolor de sus familiares y la confusión de muchos que no saben nada de las parientes a las que buscan.
Se especificó que dos de las 46 muertas fueron enjuiciadas anteriormente en San Pedro Sula: Irma Aracely Velásquez Vásquez y Martha Mariela Contreras Chinchilla, pareja de Obed Isaí Alemán, alias Tacoma, jefe nacional de la Pandilla 18. El resto enfrentaron sus procesos en los juzgados de Tegucigalpa.
Contrareloj
Mientras equipos forenses siguen realizando levantamientos cadavéricos en la escena del terror, la comisión interventora, en medio de la improvisación y presión social y opinión pública, intensificaba ayer reuniones a fin de diseñar un plan que controle la violencia en la prisión.
“Las reclusas con vida están resguardadas y ambas estructuras separadas, pues solo se quemó un módulo y hay más espacios donde pueden permanecer mientras se restablece el orden”, declaró una fuente del INP.
Elvia Valle, comisionada del Comité Nacional de Prevención contra Ia Tortura y Otros Tratos crueles lnhumanos o Degradantes (Conaprev), comunicó en conversación con LA PRENSA Premium que desde lo ocurrido se incrementó el número de policías para salvaguardar a las 866 sobrevivientes y las más vulnerables fueron llevadas ayer miércoles a un cubículo llamado zona muerta.
La representante del organismo indicó que ayer mismo las autoridades realizaban requisas en módulos para retirar armas que aún están dentro. Destacó que entre los hallazgos está que las presas desprendieron algunos bloques para introducir armas y luego los acondicionaban para aparentar que todo estaba en perfectas condiciones. Afines a la Pandilla 18 metieron a la cárcel gasolina, granadas, armas AR-15 y 9 mm.
