La Comisión Tripartita entre la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa) con el gobierno de Xiomara Castro, que busca poner fin al conflicto agrario por disputas de tierras en el Bajo Aguán, se instaló y formalizó el pasado jueves.
Datos
- 3,143 Manzanas de tierra, cultivadas con palma africana, fueron recuperadas en junio, luego de que la presidenta Xiomara Castro ordenara los desalojos en fincas que no están en el acuerdo.
- 30,000 Hectáreas de tierra están invadidas en el país, de estas unas 25,000 en el departamento de Colón. El resto en Cortés, Atlántida, Francisco Morazán y Choluteca.
Por parte del Gobierno fue firmado por Francisco Funes y Rafael Alegría, ministro y viceministro respectivamente del Instituto Nacional Agrario (INA).
A pesar de la firma del convenio entre las tres partes, los líderes campesinos denunciaron en conferencia de prensa un plan de conspiración por parte de los agroindustriales “para asesinar a dirigentes del movimiento campesino”.
“Hemos ido avanzando de manera significativa, desafortunadamente aquellos que dicen ser propietarios de la tierra pretenden continuar con ese despojo, a través del terror del miedo y los asesinatos”, expresó Yoni Rivas, portavoz de la Plataforma Agraria.
“Hoy se firma el convenio con la comisión tripartita, pero continúan con el plan de quitarnos la vida. Es la única forma que tienen los agroindustriales de seguir con despojos”, agregó.Mediante un comunicado publico, el dirigente campesino hizo un llamado a la comunidad internacional y a los Derechos Humanos para que constate las denuncias.
Además
1_ El pasado 17 de junio a la medianoche, desconocidos le prendieron fuego a una galera y la motocicleta en la casa de Rolando Murillo, presidente de la cooperativa Camarones.
2_ Las amenazas hacia campesinos de la cooperativa agropecuaria Remolino se han intensificado. Denuncian el ingreso de un grupo armado vestido como policías.
3_ El 7 de julio, plataformas agrarias conformaron un bloque popular campesino e indígena para abordar los desalojos ordenados por el Gobierno.
La dirigencia campesina argumenta la denuncia manifestando que han tenido información que han podido acreditar de que se ha dado persecución y vigilancia a los líderes.
Asimismo, el bufete jurídico Estudios para la Dignidad ha sido parte de persecución por parte de desconocidos, por eso hemos decidido hacer esta alerta al Gobierno de Honduras para que tome medidas con el fin de garantizar la vida de los campesinos”.
En noviembre del año pasado, la Plataforma Agraria también denunció que había un plan para asesinar a dirigentes campesinos; sin embargo, no se tomaron medidas.
Según dieron a conocer, entre diciembre de 2022 y julio de 2023, unos nueve miembros de las bases campesinas han sido asesinados en el Bajo Aguán, sin que hasta la fecha se haya judicializado algún caso en los tribunales de justicia.
