Con la oposición de la bancada del Partido Liberal y la del Pinu (Partido Innovación y Unidad), el Congreso Nacional aprobó anoche una moción para investigar la conducta administrativa de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de los cinco de la Sala de lo Constitucional, bajo el argumento de haber emitido un fallo sobre un decreto que ya no era vigente.

La moción fue presentada por el diputado oficialista Rodolfo Zelaya y la misma generó la polémica en el hemiciclo, al extremo que antes de ser sometida a votación, la bancada liberal, tras externar su oposición, se marchó.El mocionante candidato a diputado por la reelección en el movimiento Azules Unidos pidió que se nombre una comisión especial para que elabore un informe y lo presente al pleno.

El informe tiene que estar relacionado sobre la conducta administrativa, sobre todo en el tema de seguridad. Zelaya, en su moción señaló que el Congreso aprobó un decreto con facultades especiales para proceder a la depuración policial, pero la Sala de lo Constitucional, en un resultado de 4 a 1, que obliga a que el pleno de la CSJ emita una resolución final mañana, lo declaró inconstitucional.

Ese decreto, el 89-2012, contiene las pruebas de confianza, entre ellas el polígrafo para los policías, pero su vigencia terminó el 23 de noviembre anterior y el fallo de la Sala ocurrió días después, es decir ya no era vigente.Ese hecho, a juicio de Zelaya, debe ser investigado por el Congreso Nacional, amparado en el artículo cinco, numeral 20 de la Constitución, que los faculta a investigar la conducta administrativa de los servidores públicos.

Con esa decisión, expuso el diputado, la Sala de lo Constitucional provocó un conflicto innecesario, pues se falla sobre algo inexistente, y es por ello que pidió nombrar una comisión de diputados para que investigue la conducta administrativa de los magistrados y que se presente un informe detallado al Congreso Nacional para conocimiento y demás efectos legales.

“Es un mal mensaje”Al respecto, el jefe de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, manifestó que Honduras es de todos los hondureños, no de una clase o grupo en particular, “me veo en la necesidad de señalar que es un mal mensaje a nivel nacional e internacional, el mensaje que mandamos es que queremos desde el Congreso someter a otro poder del Estado, esto violenta de manera infraganti lo dispuesto en la Constitución en lo relacionado a la independencia de poderes, es una intimidación porque la Corte Suprema de Justicia el 12 va a reunión de pleno a un fallo sobre una sentencia que no alcanzó la unanimidad”, apuntó.

“La Constitución es clara, cuando no hay unanimidad el imperio de la ley nos obliga a ver que todos estamos sometidos al imperio de la ley, no hacerlo es vivir en la ley de la selva donde gana el más fuerte, ningún funcionario está sobre la ley, el sometimiento a la ley es una necesidad imperiosa”, agregó.


“Lamento lo de esta noche -ayer-, porque en el pasado coincidíamos que nadie debe estar sobre la ley, no hay relaciones de subordinación sino de independencia de poderes, lamento el mensaje que estamos mandando”, prosiguió el parlamentario liberal.
“Del Congreso salen leyes
pirujas y churunchuyas”Entre tanto, el también liberal Wenceslao Lara dijo que quienes tienen que revisarse son los diputados, porque del Congreso es de donde han salido leyes “pirujas y churunchuyas”, y por eso la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales. “Hay que respetar la Corte, los diputados no deben seguir cometiendo ilegalidades”.

Por su lado, German Leitzelar, del Pinu, dijo que su bancada está en contra de la moción porque lo que pretenden investigar es un fallo judicial que solo debe acatarse, la conducta administrativa es otra cosa.Justificó que la Corte es la encargada de impartir justicia, y la comisión que se nombró no es de diálogo, sino para hablar de Poder a Poder, y no se puede intervenir en aspectos de jurisdiccionalidad.“Discutimos una acción jurisdiccional no administrativa, y por tanto el Congreso no está facultado a discutir la validez de la sentencia.

Esto sería una intervención en el impartimiento de justicia, en el caso de aceptar o no una sentencia dictada por uno de los tribunales, es más ni siquiera es un fallo firme, en consecuencia, este fallo aún está sujeto a lo que resuelva el pleno”, expresó Leitzelar.

A su criterio, la Constitución claramente faculta a la Corte para conocer los recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo y conflictos de poderes, “esas no son acciones administrativas, son funciones exclusivas de aplicar la justicia”, recalca Leitzelar.

“Discutir una sentencia, con todo respeto, según la Ley de justicia constitucional puede imponer sanciones. Cualquier acción que realicemos aquí no me puedo solidarizar, incurrimos en irresponsabilidad, no evaluamos la actividad administrativa, sino la facultad plena y exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado, nos guste o no la sentencia tenemos que respetarla”, expresó el diputado.

Entre tanto, el pinuista Mario Rivera Vásquez, señaló que lo que hacen es echarle brasas al fuego, “casos como ese se resuelven al más alto nivel, no a punto de sombrerazos, porque se transmite miedo, inseguridad al pueblo. Esto es un bombazo y un misil para la Corte, cómo van a responder, dejémoslo en puntos suspensivos”, sostuvo Rivera Vásquez.

Por su lado, el liberal Yuri Sabas, indicó que el motivo de la moción es porque el fallo de la Corte a unos les parece bueno y a otros no, es un mensaje equivocado, “cómo vamos a analizar la conducta administrativa por un criterio emitido en un fallo, discutamos el decreto para depurar la policía, el
fallo de 2009 sí nos gustó, y cada vez que los temas no gusten cuestionaremos los fallos, no podemos seguir actuando de manera irresponsable”.

A favor
Por su parte, Celín Discua dijo que el Partido Nacional está interesado en que las leyes se enmarquen en la constitucionalidad, en el Congreso se han hecho grandes esfuerzos por mantener un clima de seguridad nacional, pero no podemos quedarnos callados cuando se presentan hechos como que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie por una ley que ya había caducado.Indicó que no es que esta comisión buscará más enfrentamientos con el Poder Judicial y no es para tratar de amedrentar ni demostrar supremacía de un poder sobre otro, esta comisión deberá dialogar y buscarle soluciones al problema.

Tomémoslo con calma y esperemos que de esto resulten cosas positivas, añadió.Sergio Castellanos, diputado de la UD, indicó que el problema de la depuración policial es de trascendencia nacional. No se está cuestionando un hecho aislado, sino de varias acciones entre las que mencionó haber ordenado la captura de un expresidente de la República, en alusión a Manuel Zelaya Rosales.

DudasEl vicepresidente del Congreso Nacional, Ramon Velásquez Nasar, expresó que la moción va encaminada a interpelar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es que vamos a juzgar un hecho que todavía no ha sucedido, pues hasta el miércoles se reúne la Corte para decidir?, preguntó al tiempo que le cortaron la palabra desde el control del audio.

El vicepresidente Marlon Lara, afirmó que se está actuando deliberadamente desde el Poder Ejecutivo. Recordó que varios ministros han dicho que debe destituirse a los magistrados.El diputado Oswaldo Ramos Soto pretendió hacer una explicación sobre lo que se estaba discutiendo, pero su presentación del tema le llevó dos minutos autorizados a los diputados para dirigir su opinión, por lo que no logró concluir la idea ante sus compañeros de la cámara
legislativa.

Finalmente aprobadaLa moción fue sometida a votación quedandó 63 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Un fuerte número de diputados de la bancada del Partido Liberal decidieron retirarse del pleno.La comisión quedó integrada por los diputados afines a Juan Orlando Hernández: Rigoberto Chang Castillo, Tomás Zambrano, Armando Calidonio y Mario Pérez; así como por los congresistas Olman Maldonado (PL), Daniel Martínez (PL), Marvin Ponce (UD), Orle Solís (DC) y German Leitzelar (PINU), este último congresista rechazó integrar la comisión.

Marvin Ponce: es momento de tomar decisiones

Marvin Ponce, diputado del Partido Unificación Democrática, dijo que investigar la conducta administrativa es una figura muy poco usada, pero el principal problema es la seguridad pública, la alta seguridad, la corrupción, impunidad en el sistema de justicia, es oportuna la moción, es el momento de tomar decisiones.“Ha llegado el momento de tomar decisiones y ojalá no se quede en un informe vacío sino un informe contundente, porque ahora son las pruebas de confianza, aprobamos leyes de depuración, pero el problema persiste, tenemos que ver la institucionalidad pública en su conjunto, los diputados tenemos el poder popular”, expresó Ponce.
Entre tanto, Celín Discua, jefe de bancada nacionalista, dijo que lo actuado por la Corte Suprema de Justicia no son hechos aislados, y además la comisión no busca imponer criterios ni sentar en el banquillo de los acusados a la Corte, tampoco dijo que son amenazas pero no se trata tampoco de prestar oídos sordos.

Olban Valladares: hay vicios de ignorancia ofensiva

Olban Valladares, experto analista político y exdiputado, dijo que se trata de una decisión plagada de una “ignorancia ofensiva” que fue tomada por la aplanadora nacionalista en una “noche oscura más”, motivada por el afán de “quedar bien con su candidato oficial Juan Orlando Hernández”.
“Mi sentimiento es de impotencia como exparlamentario, porque uno escucha los razonamientos que de manera contundente han hecho las personas que se han opuesto a esta moción aberrante y uno ve del otro lado los argumentos vacíos totalmente alejados de los preceptos jurídicos en abierta violación a la Constitución en una violación si se quiere de la institucionalidad”.
“Yo diría que a veces hay vicios de una ignorancia ofensiva que perjudica los intereses de todo el país en este momento porque Honduras necesita de un clima de tranquilidad, de responsabilidad y los responsables de generarla son en primer lugar las instituciones del Estado”.